Tras la información publicada por El Diario del Cusco ayer, en base a las declaraciones del representante legal del consorcio Consettur, el abogado constitucionalista Luciano López, varios operadores de turismo manifestaron su preocupación por lo que acontecerá con la actividad turística desde el próximo 4 de setiembre. La Municipalidad de Urubamba ha comunicado a la mencionada empresa —actual concesionaria de la vía— que cese sus operaciones, pero a la vez no ha efectuado el proceso de licitación para tener un nuevo operador en la ruta.
“Estamos preocupados”, señaló un empresario del sector. “Mi empresa trabaja directamente con turistas norteamericanos, tenemos paquetes comprados para la segunda quincena de setiembre y ahora estamos en una total incertidumbre. Ayer inclusive intentamos dialogar con el alcalde de Urubamba para que nos explique qué medidas de contingencia está proyectando, pero nadie nos ha dado razón en la municipalidad. Esto es terrible, ¿qué hacemos?”.
La preocupación radica en que, si no se tiene servicio de transporte, los turistas no podrán llegar a la ciudad inca. Al tratarse de una zona protegida con normas estrictas, no puede adoptarse una decisión de emergencia; la situación es complicada y el tiempo transcurre rápidamente.
Faltan 23 días para que se cumpla el plazo, y ayer tampoco se publicaron las bases para el proceso de licitación. Según los operadores, hay excesiva irresponsabilidad en el tema. Además, con la Carta Notarial entregada el pasado sábado se ha reconocido tácitamente que Consettur sí tenía un contrato por 30 años, desbaratando lo sostenido en años pasados.
Este documento podría generar problemas a la administración municipal de Urubamba y, según se aprecia, fue una medida precipitada, asumida en medio de una desesperación por no saber cómo resolver el grave problema originado por la falta de una buena gestión en la administración de la carretera Machupicchu Pueblo – Puente Ruinas – Ciudad Inca de Machu Picchu.
