Tras accidente en ruta Hiram Bingham autoridades comprobaron que trabajan sin certificado de inspección técnica vehicular.
Tras el accidente provocado por el vehículo de placa BZU-551 en la carretera Hiram Bingham, la Policía Nacional del Perú pudo constatar que cinco vehículos de la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy operan la ruta sin contar con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente.
A consecuencia del accidente vehicular, que generó daños materiales por roce vehicular, la Policía Nacional de la comisaría de Machupicchu intervino en el hecho registrado en la carretera Hiram Bingham. Además, en el desarrollo de las pesquisas oficiales, se comprobó que la unidad vehicular de placa BZU 551, de colores celeste, gris y azul, de propiedad de la empresa Viajes Vida Tours EIRL, integrante de la empresa San Antonio de Torontoy-Sumaq Ayllu, desarrollaba sus actividades al margen de la ley, pues no contaba con la Inspección Técnica Vehicular. Esto ponía en riesgo a sus pasajeros. Cabe señalar que la infracción es considerada muy grave, tipificada como M27 del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo 016-2009-MTC.
Ante la gravedad de los hechos, la autoridad policial levantó el acta de intervención policial e incluyó en el expediente el certificado de consulta vehicular de Sunarp y la consulta de verificación del CITV en el sistema del MTC. Además, dispuso la inmovilización del vehículo. También se confirmó que otras unidades de la mencionada empresa San Antonio de Torontoy prestan servicio sin la mencionada certificación. Cuando se iba a desarrollar un operativo de control, los vehículos dejaron de ser utilizados. Inclusive, en la puerta de la ciudad inca de Machu Picchu quedaron varados turistas que habían comprado sus tickets de transporte en la referida empresa San Antonio de Torontoy.
Medidas adoptadas por la comisaría
Ante los hechos, la comisaría de Machupicchu incautó el vehículo de placa BZU 551, que al momento del choque era conducido por José Alberto Vargas Tecsi. Además, solicitó el apoyo a la Municipalidad Distrital de Machupicchu para que acate las disposiciones de la autoridad. Mientras tanto, se implementa el retiro del mencionado bus hacia la sede provincial de la Policía Nacional en Urubamba para las acciones de ley.
En ese sentido, se determinó que, considerando que la comisaría de Machupicchu no cuenta con Depósito Oficial de Vehículos, se solicitó a la Municipalidad Distrital de Machupicchu que implemente las acciones de ley con respecto al vehículo custodiado de forma preventiva en el frontis del hotel Sumac.
No se aplica aún el D.S. 010-2026 MTC
Este medio de comunicación ha tomado conocimiento de la desidia, o tal vez temor, de entidades estatales competentes para adoptar medidas en protección de los turistas. En primer lugar, la Municipalidad Provincial de Urubamba que, desde fines de marzo, tiene pendiente la fiscalización del transporte en Machupicchu. Hasta ahora no termina de elaborar un plan para el efecto. Luego, la Fiscalía Provincial Mixta de Machupicchu, que viene investigando, a paso de tortuga, la comisión flagrante del delito contra la seguridad pública en la modalidad de producción de peligro en el servicio público de pasajeros, en agravio del Estado, previsto en el artículo 273-A del Código Penal, también desde el mes de marzo. Finalmente, el Indecopi, que, pese a haber llevado acciones de fiscalización contra la empresa Torontoy, hasta ahora no dicta medidas complementarias para mitigar contingencias. Así, el Estado parece tener temor de sancionar a Torontoy, sin querer parecer suspicaces.
Riesgos para Machu Picchu
Recordemos que, pese a las reiteradas imágenes e informaciones, nunca se detuvo el ingreso ilegal de combustible a Machupicchu. Así las cosas, nuestro principal atractivo turístico, maravilla mundial, se ha convertido en tierra de nadie. Actualmente, la ilegalidad, la improvisación y, sobre todo, la matonería, han ganado terreno con la complicidad de la pusilanimidad de nuestras autoridades. Por eso, resulta urgente que el nuevo gobierno nacional tome cartas en el asunto y coloque nuestra maravilla en el lugar que le corresponde.
Estos lamentables hechos de incumplimiento de las leyes vigentes, como el Reglamento Nacional de Tránsito, que ponen en riesgo a las personas transportadas en la carretera Hiram Bingham, evidencian que no se han puesto en vigencia los alcances del Decreto Supremo 010-2026-MTC. Este establece como objetivo principal evitar la paralización del transporte turístico terrestre y acabar con planes de contingencia improvisados en circuitos nacionales. Además, señala que las autoridades competentes, como la Municipalidad de Urubamba para la ruta a Machu Picchu, tienen un plazo de hasta 24 meses para licitar formalmente las rutas turísticas. En ese sentido, exige que en la ruta Aguas Calientes-Ciudad Inca de Machupicchu solo operen unidades y empresas debidamente autorizadas de acuerdo con las leyes vigentes.
Observaciones al plan municipal
Con la finalidad de implementar el mencionado decreto supremo, la Municipalidad Provincial de Urubamba sostuvo una reunión de coordinación con la PCM, en la que presentó el proyecto de ordenanza municipal para implementar la norma. Sin embargo, dicho proyecto ha sido severamente cuestionado por las diferentes entidades competentes. Por ejemplo, el MTC observó la intención de la municipalidad de promover un proceso competencial, como si fuera una licitación, cuando justamente la medida se tomó por la incapacidad municipal de llevar adelante el proceso. Además, el Sernanp observó la falta de previsión en infraestructura complementaria, pues no se ha tomado en cuenta la obligación de acreditar grifo y taller mecánico. Esta omisión generaría nuevas imágenes de personas llevando bidones de combustible en los hombros. Así las cosas, luego de que el mencionado decreto supremo fuera publicado todavía en abril, la Municipalidad de Urubamba simplemente ha demostrado que no tiene la capacidad para implementarlo.
Como cereza del pastel, el MTC ha sido enfático en señalar que el PAMA aprobado a Consettur Machupicchu S.A.C. para la operación de la ruta es de su propiedad. Por tanto, no puede ser utilizado por otra persona natural o jurídica o entidad pública sin su autorización. Así, caben la posibilidad de que, de no respetarse dicho derecho, los miembros del concejo municipal y el propio alcalde incurran en grave responsabilidad administrativa. Esto traería consecuencias civiles y penales que tendrían que afrontar.
Así llega la gestión del distrito de Machupicchu al inicio de este nuevo periodo presidencial, afrontando serios desafíos. Ante este panorama, resulta imperativo e impostergable implementar medidas efectivas y sostenibles. De este modo, se podrá optimizar la calidad de los servicios turísticos, garantizando así una experiencia satisfactoria para los visitantes nacionales e internacionales.
