Tras informe emitido por Contraloría al hallarlos responsables de afectación al país.
En abril de 2014, la Concesionaria Kuntur Wasi, integrada por las empresas Corporación América y Andino Investment Holding, se adjudicó la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya inversión sería de US$ 658 millones.
Pero tres años después, en julio de 2017, el Gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski resolvió unilateralmente el contrato, provocando que Kuntur Wasi demandara al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El año pasado, el Ciadi emitió un laudo ordenando al Perú pagar a la compañía US$ 91 205 056 (alrededor de S/ 328 338 000) por anular sin justificación el acuerdo comercial.
Debido a ello, la Contraloría General realizó una auditoría al contrato de concesión y, tras emitir un informe en el que advirtió irregularidades, el procurador de la entidad, Amado Enco, presentó una demanda contra los que considera responsables de esta situación que afecta al país.
Enco, quien durante el mandato de Kuczynski fue procurador anticorrupción, pidió al Juzgado Especializado en lo Civil de Lima que el exministro del MTC Bruno Giuffra y el exministro de Comercio Exterior Eduardo Ferreyros Küppers paguen solidariamente US$ 9 308 861 por daños y perjuicios.
Se precisa que dicho monto corresponde al dinero que el Estado peruano desembolsó por el proceso arbitral, contratando abogados para defender la posición del país.
Según la demanda, los exministros Giuffra y Ferreyros suscribieron el oficio con el que el Ejecutivo notificó a Kuntur Wasi la decisión “unilateral e irrevocable” de resolver el contrato de concesión por “razones de interés público”.
El procurador alertó que la anulación del acuerdo sucedió solo tres meses después de que el Gobierno y la concesionaria suscribieran la Adenda 1 en marzo de 2017. Es decir, había un compromiso vigente para continuar el proyecto; sin embargo, los exministros optaron por una decisión que derivó en la millonaria indemnización a favor de la constructora.
De acuerdo con la Contraloría, los exministros tenían la obligación por ley de coordinar y supervisar las gestiones desplegadas y evaluar el sustento que se usaría para resolver el contrato.
No obstante, aunque se alegó un “interés público” para acelerar la construcción e inicio de operaciones del terminal aéreo, el órgano de control concluyó que no se expresaron ni técnica ni legalmente los motivos que fundamenten esa decisión.
