La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó este lunes, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12687/2025-CR, iniciativa que busca fortalecer la transparencia en la gestión pública mediante el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en las entidades del Estado. Bajo la conducción de la secretaria de la comisión, la congresista Ariana Orué (bancada PP), el grupo de trabajo respaldó la propuesta con 7 votos a favor y 3 abstenciones.
La iniciativa, aprobada por mayoría en este grupo de trabajo, busca fortalecer la transparencia en la gestión pública. Para ello, propone el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en las entidades del Estado.
En ese sentido, la norma dispone también que las entidades del Estado y sus funcionarios deberán registrar en actas, videos o grabaciones las reuniones agendadas. Además, deberán registrar las peticiones formales presentadas por ciudadanos u organizaciones sociales. Todo este material pasará a formar parte del acervo documental institucional con carácter de documento público.
La propuesta excluye de su aplicación a espacios protegidos por normas de seguridad nacional, defensa o investigación fiscal o judicial. Además, excluye a aquellos vinculados con información clasificada o legalmente reservada.
Exclusiones y sanciones
El dictamen, asimismo, prohíbe que funcionarios o servidores públicos impongan restricciones arbitrarias al uso de dispositivos electrónicos en actos públicos de gestión gubernamental. Esto se debe a que tal conducta afecta el derecho de acceso a la información y la transparencia estatal.
Quienes incumplan la norma podrán ser sancionados con la apertura de procedimientos administrativos por falta grave. Además, estas conductas podrían derivar en suspensión o destitución, además de eventuales denuncias penales por abuso de autoridad y otras responsabilidades previstas en la legislación vigente, según precisa el dictamen.
