Ante problemas en la licitación de ruta a Machupicchu por las graves deficiencias legales que tiene el proceso.
En septiembre de 2025, el alcalde Ronald Vera Gallegos decidió, mediante un cuestionado proceso no competitivo, otorgar temporalmente la concesión de la ruta Hiram Bingham a la empresa comunal San Antonio de Torontoy en un intento de «reivindicar» a las comunidades del distrito de Machupicchu para la explotación de la ruta. El resultado fue que dicha empresa no se encontraba en condiciones de prestar el servicio, lo que obligó al Gobierno Central a intervenir mediante la PCM, entidad que convocó al concesionario saliente, CONSETTUR, para la prestación conjunta del servicio.
Desde entonces, el servicio, vital para el acceso a nuestra maravilla, se ha prestado en un marco de informalidad. Esta situación se agravó cuando, en diciembre de 2025, la municipalidad de Urubamba decidió declarar unilateralmente la nulidad del contrato con la empresa San Antonio de Torontoy, luego de «detectar» información «no veraz» en la propuesta presentada por la mencionada empresa. Sin embargo, San Antonio de Torontoy, lejos de aceptar la decisión municipal, ha decidido prestar directamente el servicio en condiciones deplorables. Las imágenes de personas allegadas a Torontoy cargando combustible a los hombros se han vuelto virales en las redes sociales.
El Estado, a través de entidades competentes como OSINERGMIN, SERNANP, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, convenientemente evitó asumir acciones contra dicha empresa. Esta situación se ha agravado porque la misma viene prestando el servicio con 8 unidades, de las cuales 5 tienen las revisiones técnicas vencidas, situación de conocimiento de las autoridades competentes, pero las mismas vienen omitiendo acciones de control, conducta que a estas alturas ya tiene connotación penal.
Licitación de rutas con graves deficiencias legales
El alcalde Ronald Vera ha decidido lanzar un proceso de licitación en el que, con el fin de conglomerar el mayor número de empresas en la ruta, ha diseñado un plan que colocaría en la ruta a 6 empresas distintas con 4 buses cada una. Todas ellas tendrían la posibilidad de ofrecer tarifas diferenciadas y la obligación de demostrar que cuentan con infraestructura complementaria independiente, avizorando que en Machupicchu tendríamos 6 estaciones de combustible y 6 maestranzas. Esta exigencia resulta prácticamente imposible dadas las restricciones que imperan en el distrito.
Por ello, SERNANP ha levantado la mano y pedido explicaciones a la municipalidad de Urubamba, ejerciendo su papel de protección del santuario natural. Esta consulta ha provocado la suspensión temporal del proceso de licitación. También se ha conocido de pedidos de nulidad efectuados por empresas participantes del proceso de licitación, nulidades que serían insubsanables y que tienen muy preocupados a los miembros del comité de licitación.
Como ha señalado Vera Gallegos, ellos tendrían que afrontar las consecuencias administrativas e inclusive civiles y penales, dependiendo de la gravedad del caso. Sin embargo, sufren la presión de la autoridad para continuar con el proceso y serían testigos, según refieren fuentes, de la permanente presencia del alcalde en las sesiones del comité. Esta presencia no quedaría plasmada en actas, pero haría evidente la presión de la autoridad para proseguir con la licitación.
Decreto Supremo 010-2026 pretende ser mal utilizado
En este sombrío escenario, todavía en el mes de marzo, el gobierno central dictó el D.S. 010-2026-MTC, que modifica el D.S. 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre. Esta norma faculta a las municipalidades provinciales del país para otorgar autorizaciones temporales hasta que puedan llevar a cabo los correspondientes procesos de licitación, herramienta que cae «como anillo al dedo» a la comuna urubambina para poder solucionar el problema generado por su incapacidad e improvisación.
El problema surge cuando en esta norma se dispone que la o las empresas para ser autorizadas deben cumplir con las mismas condiciones en las que operó el último concesionario de la ruta.
Dentro de las condiciones especiales que la ruta exige se tienen las autorizaciones de OSINERGMIN para el traslado y consumo de combustible en Machupicchu, para la cual es necesario contar con un espacio en Machupicchu, con un taller mecánico (maestranza) en el interior del distrito destinado al mantenimiento preventivo y reparativo de los buses, con un lugar para el estacionamiento de los buses, y lo que resulta más importante, con el instrumento de gestión ambiental. Este requisito es indispensable según la Ley 28611, Ley General del Ambiente, y la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
El instrumento de gestión ambiental contiene los mecanismos de carácter preventivo o correctivo diseñados para evaluar, mitigar, corregir y prevenir los impactos ambientales negativos que cualquier actividad humana pueda generar en los ecosistemas o en la salud humana. Este instrumento adquiere mayor relevancia en un área natural protegida como Machupicchu y requiere, para su otorgamiento, un procedimiento administrativo de aproximadamente tres años.
Las exigencias previstas en la norma dictada colisionan con la animadversión evidente del alcalde Vera hacia la última empresa concesionaria, CONSETTUR. Considerando que la norma exige evaluar condiciones que, en la zona, solo son cumplidas por esta empresa, se encuentra buscando otras opciones que le permitan evitar que dicha empresa se vea favorecida por una autorización temporal. Esto demuestra un claro desprecio por la principal actividad económica de la región y, lo que resulta más negativo, crea las condiciones de una grave convulsión social en el distrito, justo cuando inicia la temporada alta de afluencia de turistas.
Convulsión social a la vista
El alcalde Ronald Vera, con el fin de evitar entregar la autorización dispuesta por la norma, habría consultado a sus funcionarios acerca de la posibilidad de llevar adelante un nuevo proceso no competencial como en el caso de Torontoy. Este planteamiento ha sido categóricamente rechazado por sus funcionarios, quienes han recordado en los informes presentados que se encuentra pendiente de ejecutar la carta fianza presentada por dicha empresa (de aproximadamente 1.9 millones de soles) y de presentar una denuncia penal por la información inexacta presentada por dicha empresa en el proceso no competencial.
También recomendaron no descuidar el proceso arbitral iniciado por Torontoy ante el Centro de Arbitraje de la PUCP, en un evidente deslinde de responsabilidades de los funcionarios. Ante ello, el burgomaestre viene evaluando otras alternativas, las que han sido tratadas en reuniones informales con la presencia de un candidato al distrito de Machupicchu y por sus asesores legales, quienes también estarían vinculados a empresa con actual presencia en la ruta y con gestiones ediles anteriores. Estos vienen ofreciendo acceso directo a la ruta a representantes de empresas comunales, similares a Torontoy, y a empresas con presencia actual en CONSETTUR.
Esta información, más allá de un análisis penal, debe analizarse desde un punto de vista social. Vera, en su segada intención de prescindir en la ruta del último concesionario (curiosamente una de las empresas que viene prestando el servicio), viene ofreciendo autorizaciones que no tienen asidero legal y que no podrán ser ejecutadas. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza social de las empresas convocadas, podrían generar una grave convulsión social en la intención de ingreso de las nuevas unidades. Estas no deberían ser autorizadas por SERNANP y generarían un grave desorden en la ruta, todo ello en desmedro del turismo, motor de la economía regional.
Otros problemas más generados por la irresponsabilidad en la gestión
Los problemas no acaban ahí. La administración Vera, al inicio de la gestión, ha ejecutado una masiva declaración de nulidad de autorizaciones otorgadas por su antecesor Luis Valcárcel, como punto inicial para allanar el camino a la licitación. Esto se hizo básicamente porque estas autorizaciones no se encontraban previstas en el TUPA municipal y porque en el proceso de otorgamiento de las mismas se advertía mucha discrecionalidad por parte de los funcionarios que allanaron el camino para que estas empresas logren sus autorizaciones.
Sin embargo, olvidaron anular una de ellas, que en el papel colisionaría con el proceso de licitación. La misma ha generado un problema al comité de licitación, problema que podría sumar un factor adicional si la Sala Superior Civil del Cusco decide, revocando la sentencia dictada por el Juzgado Civil de Urubamba, anular la resolución municipal en la que se declaró la nulidad de oficio de la resolución municipal que autorizaba a la empresa INCAWAY E.I.R.L. para prestar el servicio con 10 buses. Esta resolución judicial está pendiente de pronunciamiento desde enero del presente año, en que se llevó a cabo la vista de causa (expediente 00016-2024-0-1015-JR-CI-01).
Dicho caso es relevante porque la empresa fue constituida en la ciudad de Lima solo antes de presentar su pedido de autorización, sin contar con ninguna experiencia anterior en el rubro de transporte y sin haber tenido actividad económica luego de la nulidad declarada.
Así las cosas, la conducta errática del alcalde de Urubamba desliza sombras sobre el futuro del turismo en nuestra región, haciendo necesaria la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público ante la gravedad de la situación. Se pone a disposición de dichas autoridades los documentos obtenidos por este medio y el contacto con personas que son testigos de las reuniones ejecutadas por la autoridad edil.
