Ante fracaso de medidas de seguridad al interior de las cárceles.
El primer ministro Ernesto Álvarez confirmó que el Gobierno planea retirar a Iván Paredes Yataco de la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La decisión forma parte del plan de reorganización que se aplicará si el Congreso otorga facultades legislativas al Ejecutivo.
Durante una entrevista, el premier indicó que los ministerios del Interior y Defensa manejan una lista de funcionarios reemplazables tras las recientes requisas y operativos en penales. “Lo están contemplando”, precisó.
Evaluación de funcionarios y casos de investigación
Álvarez admitió la posibilidad de cambios. “Entiendo que sí”, respondió cuando se le preguntó si Paredes continuará en el cargo. Aclaró, sin embargo, que su despacho no dirige directamente la evaluación. Señaló que el proceso incluirá a varios funcionarios investigados durante los últimos treinta días, luego de denuncias difundidas por medios de comunicación.
Cuestionamientos al actual jefe del INPE
El premier hizo esta declaración después de nuevas revelaciones sobre el jefe del INPE. Diversos informes lo vinculan con audios, sanciones administrativas y denuncias previas de su etapa como abogado penalista.
Estrategia del Ejecutivo frente a la crisis penitenciaria
Durante la entrevista, Álvarez explicó que el Gobierno decidió intervenir los penales antes de anunciar la reorganización estructural. Buscó evitar cambios prematuros en instituciones sin equipos listos para asumir funciones complejas.
Afirmó que la prioridad fue ejecutar operativos internos, reubicar a reclusos peligrosos y recuperar el control de pabellones dominados por mafias penitenciarias. Según el premier, el Ejecutivo ya presentó al Congreso un proyecto para solicitar facultades legislativas y avanzar con reformas de fondo.
Próximas reformas en el sistema penitenciario
Álvarez aseguró que la reorganización del INPE formará parte del paquete de facultades legislativas. “El plan incluye una medida concreta: la reorganización absoluta del INPE”, declaró. Explicó que el objetivo es reformar la estructura operativa después de los primeros 30 días de intervención directa en los penales.
