El consejero regional por Anta, Caleb Solano, informó que la comisión que preside identificó órdenes de servicio y compra con características muy similares. Según señaló, esto constituye un indicio de un posible fraccionamiento en los procesos de contratación del Gobierno Regional del Cusco.
Precisó que dichas órdenes corresponden al área de Abastecimiento, unidad responsable de gestionar estos documentos. Recordó que los consejeros solo tienen facultades para levantar observaciones y remitirlas a los órganos competentes, como la Contraloría y el Ministerio Público, entidades encargadas de determinar si existe responsabilidad administrativa o penal.
Comisión y apoyo técnico en la revisión
En la fiscalización participaron el abogado Eduard Villafuerte Arriaga y la economista Erika Umassi Tancayo, quienes brindaron apoyo técnico durante el proceso de revisión.
Consultado por el nombre de Roger Uzcamayta, quien sería una persona vinculada al caso, el consejero Solano afirmó no conocerlo. Explicó que dicho trabajador pertenece al área de Abastecimiento y no forma parte del equipo de fiscalización ni de la investigación en curso.
Documentación remitida a la Contraloría
El consejero mostró la documentación ya remitida al órgano de control y señaló que la Contraloría cuenta con los informes necesarios para realizar una auditoría exhaustiva al Proyecto Misional, principal objeto de la inspección. Reiteró que el Consejo Regional cumple únicamente con informar los hallazgos identificados durante la verificación en campo.
Más proyectos bajo revisión
Asimismo, indicó que se presentó un acuerdo regional relacionado con el proyecto de trata de personas, actualmente pendiente de publicación. Mencionó que dicho proyecto también presenta indicios que motivan su revisión. Añadió que, si bien todos los proyectos deberían ser fiscalizados, la comisión se ha concentrado en aquellos en los que se encontraron observaciones durante la intervención.
