En una contundente acción contra la criminalidad organizada, la Fiscalía de Trata de Personas de Cusco logró que se dicte sentencia condenatoria contra los integrantes de una célula de la red criminal internacional conocida como el «Tren de Aragua». Los imputados de nacionalidad extranjera, Jesús Andrés Terán Gonzales y Yosney Jholfran Borges Díaz, fueron sentenciados a 21 años de pena privativa de libertad efectiva. Los delitos son explotación sexual y trata de personas. Asimismo, el ciudadano peruano David Macedo Puma, encargado del Hostal Misky Puñuy, recibió una condena de 7 años y 7 meses de prisión por favorecer la prostitución en su establecimiento.
Detalles de la investigación y modus operandi
La investigación estuvo liderada por la fiscal provincial especializada en Trata de Personas de Cusco, Andrónika Zans Rivera. Acreditó que los sentenciados captaban a mujeres extranjeras bajo falsas ofertas laborales. Luego las obligaban a ejercer el trabajo sexual en la ciudad del Cusco. Las víctimas eran sometidas a «cupos» de viaje de hasta S/ 20,000 y multas semanales ilícitas.
Para asegurar su control, los criminales utilizaban la fachada de servicios de barbería y delivery. Empleaban vehículos y motocicletas para el traslado y vigilancia de las agraviadas.
Pruebas clave y operativo policial
El caso de una de las agraviadas con Código de Reserva fue determinante para la condena. Reveló la crueldad con la que operaba esta red. La víctima fue retenida bajo amenazas y agresiones físicas. Incluyendo golpes con armas de fuego y amenazas de muerte contra su familia para obligarla a pagar una supuesta deuda de S/ 3,000.
La Fiscalía presentó como pruebas el certificado médico legal que confirmó las lesiones. También el análisis de comunicaciones telefónicas que vinculaban directamente a los tratantes con el administrador del hostal donde se realizaban los actos de connotación sexual.
Finalmente, durante el operativo de allanamiento y detención ejecutado en junio de 2023, las autoridades intervinieron cinco inmuebles. Se incautaron equipos celulares, dinero en efectivo, réplicas de armas y cientos de preservativos que evidenciaban la actividad ilícita. El fallo judicial no solo establece las penas de cárcel. También ordena el pago de una reparación civil de S/ 50,000.
