El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, dispuso la implementación del modelo oral en el 100% de los órganos jurisdiccionales civiles de todas las cortes superiores del país. Busca promover una justicia más ágil, eficiente y transparente.
Ello quedó establecido en el Plan de Actividades 2026. Lo presentó el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETIIOC). El Consejo Ejecutivo lo aprobó para fortalecer la reforma de los procesos judiciales civiles.
Componentes del plan de trabajo
El plan aprobado incluye actividades en tres componentes principales. Son: 1) Capacitación y normativo, 2) Difusión y gestión de cambio, y 3) Monitoreo y evaluación.
En el primero está previsto efectuar, entre otras acciones, la actualización del marco normativo de la oralidad civil en los módulos corporativos civiles de litigación oral (MCCLO). También el fortalecimiento de las capacidades técnicas y funcionales de sus integrantes.
En el componente de Difusión y Gestión del Cambio se han programado actividades como una campaña de posicionamiento de la oralidad civil en la ciudadanía. Incluye la realización del IV Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral Civil. Y otras actividades.
Monitoreo, evaluación y beneficios
En el tercer componente se han programado visitas de verificación, supervisión y monitoreo a las 34 cortes superiores implementadas con el MCCLO. Incluye un estudio de la carga procesal y producción en los módulos corporativos. También una propuesta de sinceramiento de actos procesales para el expediente judicial electrónico en la especialidad civil.
«Con este plan, el Poder Judicial reafirma su compromiso de ofrecer un servicio de justicia más eficiente, transparente y accesible para toda la ciudadanía que reclama que sus procesos se resuelvan con celeridad», destacó dicho poder del Estado.
El modelo de oralidad civil se basa en audiencias orales en lugar de expedientes físicos. Busca reducir los tiempos de tramitación de los procesos judiciales. Mejora la calidad de las resoluciones. Fortalece la confianza de la población en el sistema judicial del país.
Desde 2024 se aplica en las 34 cortes superiores y, de manera progresiva, en sus órganos jurisdiccionales. En 2025 se logró que 216 juzgados y salas civiles de las cortes del país apliquen este modelo de justicia rápida.
