La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Santiago obtuvo seis meses de prisión preventiva para R.A.K. (45). El imputado es investigado como presunto autor de los delitos de violación sexual agravada y agresiones contra la mujer. Los hechos se cometieron en agravio de su exconviviente (26).
El requerimiento fue sustentado por la fiscal adjunta provincial Fanny Lucinda Palacios Ramos. Ella presentó graves elementos que vinculan al procesado con los hechos ocurridos a inicios de diciembre en el distrito de Poroy.
Detalles de la agresión
Según la tesis fiscal, la agresión se produjo la madrugada del 2 de diciembre de 2025. El investigado se aprovechó de un entorno de coacción y el bloqueo emocional de la víctima. La obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Horas después del abuso, el imputado habría agredido físicamente a la mujer. Le dio golpes de puño y bofetadas que le provocaron sangrado nasal y diversas lesiones traumáticas. El Ministerio Público acreditó que estas acciones se realizaron vulnerando medidas de protección vigentes emitidas previamente por el Poder Judicial a favor de la agraviada.
Elementos de convicción presentados
Durante la audiencia, la fiscalía presentó contundentes elementos de convicción. Incluyeron la declaración de la víctima en Cámara Gesell. También certificados médicolegales que confirman cuatro días de incapacidad. Además, pericias psicológicas que evidencian un trauma compatible con violencia sexual y dominación.
Se expuso que la prognosis de la pena para el investigado superaría los 22 años de privación de la libertad. Esto se debe a un concurso real de delitos. Tal situación eleva el riesgo de fuga y justifica la necesidad de la medida coercitiva.
Resolución judicial
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco declaró fundado el pedido fiscal. Estableció que la prisión preventiva es proporcional para asegurar el desarrollo del proceso. También protege la integridad de la víctima.
Con esta resolución, el imputado permanecerá internado en el establecimiento penitenciario que determine el INPE hasta el 1 de junio de 2026.
