Ayer se registraron incidentes en la carretera Hiram Bingham que, por poco, provocan choques entre buses con visitantes a Machu Picchu. Los hechos ocurrieron mientras la empresa San Antonio de Torontoy continúa operando en la ruta pese a que la Municipalidad Provincial de Urubamba anuló su contrato mediante la Resolución N.° 218-2025, por graves irregularidades.
Desde la semana pasada, esta empresa presta servicio con ocho unidades sin las condiciones mínimas de seguridad: no cuentan con GPS ni sistema de radiocomunicación, no tienen abastecimiento formal de combustible, carecen de equipo mecánico y de un sistema formal de boletaje o venta virtual. La situación, calificada como una “pasmosa informalidad”, pone en riesgo la seguridad y calidad del servicio turístico hacia la Maravilla del Mundo.
Riesgo de accidentes y falta de medidas
La ruta Hiram Bingham es angosta y exige máxima precaución. Según testigos, ayer se produjeron maniobras peligrosas y situaciones en las que los buses casi colisionan por la falta de protocolos de seguridad. Este escenario genera preocupación ante la posibilidad de un accidente grave que afecte la vida y la salud de los pasajeros.
El recuerdo del reciente choque de trenes en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu sigue fresco. En aquel caso, la falta de medidas de seguridad fue señalada como la causa principal. Ahora, con menos de un mes de distancia, las autoridades vuelven a omitir acciones inmediatas frente a un riesgo latente para los visitantes.
Compromisos incumplidos del Gobierno
El ministro de Cultura, Alfredo Martín Luna Briceño, había anunciado hace una semana que el Gobierno adoptaría medidas para otorgar el marco legal a la empresa que actualmente presta el servicio en la ruta Hiram Bingham, siempre que cumpla con los requisitos de seguridad exigidos para operar en el Santuario Histórico de Machu Picchu.
Este marco legal debía garantizar la formalidad del transporte turístico hasta que se realice una licitación transparente. Entre los requisitos destacan: vehículos operativos y monitoreados con GPS, comunicación permanente entre unidades, abastecimiento formal de combustibles, venta formal de boletos y seguros vigentes para pasajeros.
El objetivo, según el ministro, es ofrecer un servicio seguro, ambientalmente responsable y puntual, asegurando la continuidad del flujo turístico hacia el Cusco. Sin embargo, la medida aún no se ha concretado, lo que mantiene la ruta en la informalidad.
Falta de control de OSINERGMIN
Otro punto crítico es el abastecimiento de combustible. En Machu Picchu Pueblo solo existe un proveedor formal autorizado por ley. San Antonio de Torontoy solicitó semanas atrás montar un sistema transitorio, pero OSINERGMIN rechazó la solicitud. Pese a ello, los buses siguen operando.
La falta de fiscalización levanta sospechas sobre la procedencia del diésel que utilizan. Según las denuncias, OSINERGMIN no ha verificado esta situación, incumpliendo su responsabilidad de supervisar actividades energéticas y prevenir el abastecimiento informal.
Alcalde de Urubamba incumple nuevamente su promesa
La crisis se agrava porque el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, no cumplió su compromiso de publicar las bases de la licitación para el nuevo concesionario de la ruta Hiram Bingham. El edil había prometido hacerlo el 14 de enero ante la Presidencia del Consejo de Ministros y la población de Urubamba, pero hasta el 18 de enero no había cumplido con lo acordado.
La demora deja en la incertidumbre el proceso que debía resolver de manera definitiva la operación en la carretera y garantizar la seguridad de los turistas que visitan Machu Picchu.
