Resolución declara nulidad de anterior informe e improcedente toda prórroga.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que, tras la evaluación legal correspondiente, la empresa Inversiones Sumaq Ayllu – San Antonio de Torontoy S.A. no puede acogerse a los alcances del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.
Tras una serie de versiones sobre la ocupación ilegal de un predio en la faja marginal del río Vilcanota, en el distrito de Machu Picchu, la ANA comunicó que se ha emitido la Resolución Directoral N° 0115-2026-ANA, de fecha jueves 19 de marzo de 2026. Mediante este documento, se anula la autorización otorgada a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu – San Antonio de Torontoy S.A. Además, se dispone que, en caso de incumplimiento, se implemente el respectivo procedimiento sancionador contra los responsables.
Parte resolutiva de la resolución
La parte resolutiva de la mencionada resolución indica lo siguiente:
- Artículo 1°.- Declarar la nulidad del Informe N° 0013-2026-ANA-AAA.UV/GCCM, de fecha 5 de marzo de 2026, y de la Carta N° 0097-2026-ANA-AAA.UV, de fecha 9 de marzo de 2026, por las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
- Artículo 2°.- Declarar improcedente la solicitud de prórroga de autorización de ocupación temporal de faja marginal, presentada por Daniel Quispe Baca, en calidad de gerente general de la empresa Inversiones Sumaq Ayllu – San Antonio de Torontoy S.A. En consecuencia, se dispone la conclusión y archivamiento del procedimiento administrativo signado con el CUT N° 249976-2025.
- Artículo 3°.- Remitir copia de la presente resolución al responsable del Sistema de Información de Recursos Hídricos, al coordinador en recursos hídricos de esta autoridad y a la Administración Local de Agua La Convención.
- Artículo 4°.- Remitir copia de la presente resolución a la Administración Local de Agua La Convención a fin de que instruya, de ser el caso, el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.
Conclusiones sustentatorias de la decisión de la ANA
En la resolución, cuya copia del facsímil acompaña esta publicación, se señala:
“Respecto al marco normativo. De acuerdo a lo establecido en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA – Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, en su artículo 17.- Autorización para ejecución de obras en fajas marginales.
17.1. La AAA (Autoridad Administrativa del Agua) puede autorizar la ocupación de la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos”.
El documento aclara los siguientes conceptos:
- Infraestructura hidráulica. De acuerdo con el marco normativo, son construcciones de ingeniería civil diseñadas para captar, almacenar, regular, conducir y gestionar el agua. Incluyen presas, embalses, canales, tuberías y plantas de tratamiento que permiten el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola, la generación de energía y la prevención de inundaciones.
- Servicios públicos. Son actividades organizadas y gestionadas por el Estado o por entidades autorizadas por este, con el objetivo de satisfacer necesidades fundamentales de la población (agua, luz, salud, transporte público, educación, seguridad). Así se garantiza la calidad de vida.
En ese sentido, se considera que el servicio público es toda actividad material que la ley atribuye al Estado para que la ejerza directamente o por medio de sus delegados, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo un régimen jurídico total o parcialmente público.
En el ordenamiento jurídico peruano, se reconocen como servicios públicos esenciales:
a) Los sanitarios y de salubridad,
b) Los de limpieza y saneamiento,
c) Los de electricidad, agua, desagüe, gas y combustible,
d) Los de sepelio, inhumaciones y necropsias,
e) Los de establecimientos penales,
f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones,
g) Los de transporte,
h) Los de naturaleza estratégica o vinculados con la defensa o seguridad nacional,
i) Los de administración de justicia, por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Autorización para transporte como servicio público
Respecto al transporte como servicio público, este debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar debidamente regulado por el Estado peruano.
b) Contar con autorización, concesión o licencia.
c) Formar parte del sistema de transporte formal (buses, vans o taxis turísticos autorizados).
d) Satisfacer una necesidad de movilidad de la población.
En este caso, relacionado con el pedido de San Antonio de Torontoy, el administrado no adjuntó ningún documento que acredite la obtención de la autorización, concesión o licencia de transporte otorgada por la autoridad competente, por lo que no se considera como servicio público.
Cabe precisar que el objeto de la ocupación temporal de la faja marginal solicitada por la empresa Inversiones Sumaq Ayllu – San Antonio de Torontoy S.A. era estacionar sus vehículos (buses) en el área materia de autorización, desde las 20:00 hasta las 6:00 horas, como actividad accesoria al servicio privado de transporte turístico que realiza en el distrito de Machu Picchu.
Por lo tanto, dicha actividad no es considerada como servicio público. En consecuencia, no corresponde la aplicación de los alcances de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA – Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.
Principio de autoridad debe imponerse
Considerando los argumentos de la ANA y evidenciándose que la ocupación del mencionado grupo de transportistas no tiene sustento legal, debe procederse de inmediato a las acciones que garanticen el respeto a la ley.
El alcalde Elvis La Torre Uñacori lanzó un ultimátum a los ocupantes de los puntos invadidos en Machu Picchu para que desocupen los terrenos dentro del plazo de 48 horas, que vence hoy sábado, y que fueron notificados formalmente por la Procuraduría en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio de Cultura.
Ahora que se conoce que San Antonio de Torontoy no tiene ninguna autorización para el uso de la faja marginal, deberá procederse conforme a ley.
