La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inmunidad presidencial, aunque parece proteger a la actual mandataria Dina Boluarte, podría convertirse en una poderosa herramienta legal para la defensa de Pedro Castillo.
El abogado César Nakazaki presentó un análisis que revela las posibles consecuencias de esta controvertida resolución.
Según las declaraciones de Nakazaki, la decisión del TC contiene errores jurídicos al reducir la investigación preliminar a meras “diligencias urgentes”, una interpretación que, a su juicio, es inexacta.
Sostuvo que la protección del artículo 117 de la Constitución debe limitarse a los “actos de función” y no a delitos comunes.
“El presidente está superprotegido respecto de actos presidenciales, pero respecto de delitos comunes, o de actos que él realiza aprovechándose del cargo —tipo caso Sarratea o lo que podría ser Rólex o cirugías— esto no está dentro de la protección constitucional de inviolabilidad”, afirmó.
La postura del jurista deja entrever que, si se aplica la nueva doctrina del TC, las investigaciones por delitos comunes contra Pedro Castillo durante su mandato serían nulas.
Estas acusaciones de corrupción no están contempladas en el artículo 117, único supuesto que la sentencia del TC permite investigar.
“Si vamos al análisis jurídico, hay algunos errores; y si vamos al análisis político, no han ayudado a Boluarte porque el próximo año va a estar procesada, pero a Pedro Castillo sí le han dado una poderosa arma política”, indicó Nakazaki.
En ese contexto, la defensa de Castillo podría usar este fallo para argumentar que todo el proceso penal en su contra, por organización criminal y tráfico de influencias, es inconstitucional.
Una potencial anulación de pruebas y diligencias obligaría a la Fiscalía a comenzar de cero, lo que complicaría seriamente la acción judicial.
Cabe recordar que Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva por su golpe de Estado de diciembre de 2022, un delito que sí está contemplado en el artículo 117 de la Constitución.
Su detención actual se basa en el delito de rebelión, pero enfrenta además acusaciones de corrupción como el caso Sarratea. Su prisión preventiva, que concluye en menos de cuatro meses, será un factor clave en su situación legal.
