Dicen que no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados.
La Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de Estado por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, así como contra el exministro de Salud, Óscar Ugarte, por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra contra la Covid-19.
La denuncia constitucional formulada contra la mandataria por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, por las muertes ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, se archivó con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.
El informe atribuía los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves a Boluarte, al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, así como a los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Eduardo Rojas, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez Cresta.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que no existen elementos probatorios que permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva la infracción del deber de protección de los denunciados en cuanto a las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que no existen elementos de convicción suficientes para configurar los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, enfatizó.
El congresista Edgard Reymundo pidió la reconsideración de la votación, pero su pedido fue finalmente desestimado.
Caso Óscar Ugarte
La Comisión Permanente también aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional contra el exministro de Salud, Óscar Ugarte, por presunta infracción de funciones al haber permitido que el expresidente Martín Vizcarra se vacune contra la Covid-19.
Camones sostuvo que no se acreditó que el exministro tuviera competencia legal para evitar que Vizcarra se inocule la tercera dosis, pese a haber recibido previamente dos dosis de forma irregular.