Proyectos presentaban afectaciones a la propiedad y al medio ambiente.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso no aprobó el predictamen de la Ley que regula el régimen especial para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). La propuesta, recaída en seis proyectos de ley, obtuvo cinco votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Los congresistas Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y Segundo Montalvo (Perú Libre) presentaron una reconsideración a la votación que rechazó la iniciativa para una nueva Ley MAPE.
El legislador Paúl Gutiérrez, presidente de la comisión, convocó a una sesión extraordinaria para debatir y votar el predictamen, pese a que existía un acuerdo del grupo de trabajo para que la propuesta se vea en la nueva legislatura.
Al inicio de la sesión se presentó el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, quien formuló cinco observaciones de parte del sector Energía y Minas al proyecto de ley.
Los cuestionamientos están referidos a la servidumbre minera, la fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos regionales, la falta de claridad sobre el nuevo esquema de formalización y el paso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma).
También sobre la práctica de la minería aluvial, así como la exención de responsabilidad penal para los mineros en proceso de formalización.
Tras la exposición del viceministro, los congresistas iniciaron el debate en el cual se observaron dos corrientes: por un lado, quienes abogaban por aprobar ya el predictamen, incluso con “cargo a redacción”, y otros que pedían no apurar el tema y continuar con el debate.
Con el resultado de la votación, el debate del predictamen de la Ley MAPE continuará en la próxima legislatura que se inicia el 27 de julio.
Señalan que el dictamen de nueva Ley de minería vulnera derechos de propiedad, ambientales y otros
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), emitió un comunicado sobre la exposición del proyecto de dictamen que propone modificaciones al marco normativo vigente sobre la actividad minera a pequeña escala en el país, en la cual advierte vulneración de derechos de propiedad, ambientales entre otros.
En ese sentido el Minem en comunicado oficial señala que actualmente, los Gobiernos Regionales tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales en la minería artesanal y de pequeña escala formales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Sin embargo, el predictamen plantea que esta función no puede ser asumida por ellos, lo cual contradice dicha ley. Por ello, consideramos fundamental que la futura Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en Perú) respete y mantenga esta competencia en los Gobiernos Regionales.
En cuanto al proceso de formalización minera regulado por el Decreto Legislativo N.° 1293, así como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ambos culminan el 31 de diciembre de 2025. Si el proyecto de dictamen propone establecer un nuevo régimen, es necesario evitar vacíos normativos que puedan ser aprovechados por operadores ilegales.
La propuesta referida al otorgamiento de servidumbre minera plantea un procedimiento que podría vulnerar los derechos de los titulares de concesiones, al forzarlos a ceder parte de sus derechos a terceros.
Esta medida afectaría el derecho de propiedad protegido por el artículo 70 de la Constitución y podría configurar una expropiación indirecta sin las garantías constitucionales requeridas, exponiendo al Estado a eventuales demandas e indemnizaciones.
Respecto a la minería aluvial, el dictamen se contrapone al Decreto Legislativo N.° 1100, que prohíbe el uso de dragas y equipos similares en cuerpos de agua, norma cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional.
Esta prohibición busca evitar impactos severos e irreversibles en los ecosistemas, por lo que cualquier propuesta sobre esta modalidad debe ser objeto de un amplio debate técnico y social, basado en evidencia científica y buenas prácticas internacionales.
Sobre la exención de responsabilidad penal, el proyecto plantea liberar de dicha responsabilidad a los mineros en proceso de formalización. No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido que no es constitucionalmente válido regular la exoneración de responsabilidad penal por delitos ambientales, ni siquiera de manera transitoria o como parte de políticas públicas permanentes.
Por esta razón, consideramos inviable la Cuarta Disposición Complementaria Final del dictamen, que contraviene lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución.
El Minem reafirma su compromiso con una minería responsable, formal y sostenible, que respete el marco constitucional, promueva la seguridad y proteja el medio ambiente.
