El Acuerdo Nacional, desarrollado en Palacio de Gobierno, propone algunos temas que se deben tomar en cuenta en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, que deberían formar parte del debate electoral a fin de contribuir al voto informado y evitar que las economías ilegales avancen y se infiltren en la política nacional. A continuación algunos de los planteamientos:
Reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los sistemas de seguridad y de justicia penal
A. Reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP)
Orientada principalmente a reforzar la carrera policial estructurando líneas de carrera especializadas, promoviendo la vocación de servicio y los valores, y la eficacia en la acción preventiva y represiva.
Corto plazo:
Procesos de selección estándar, simultáneos y con una evaluación centralizada en todo el país, a través de exámenes transparentes con mayor rigor académico; pruebas psicofísicas avanzadas y empleando el polígrafo como herramienta complementaria; ascenso por acción distinguida, reglamentado y supervisado por un comité ético; dedicación exclusiva del policía con jornadas de 8 horas eliminando el régimen 24×24; comandante General de la PNP nombrado por dos años y con permanencia de un año adicional como máximo, por el logro de metas y resultados objetivos, a solicitud del Presidente de la República. Podrá ser relevado solo por falta grave, entre otras medidas.
Mediano plazo:
Plan de carrera meritocrático. Establecer una línea de carrera objetiva, transparente, técnica y especializada, que promueva la capacitación continua y el logro de objetivos concretos; estructurar líneas de carrera especializadas para la policía nacional orientadas a: prevenir la delincuencia, prestar ayuda y proteger a las personas, resguardar la seguridad del patrimonio público y privado, garantizar el cumplimiento de las leyes, mantener y restablecer el orden interno, investigar las faltas, y vigilar y controlar las fronteras.
Largo plazo:
Distribución estratégica de las comisarías, en base a data cualitativa y cuantitativa, así como construcción de comisarías modulares para costa, sierra y selva.
B. Acción articulada entre instituciones
Acción articulada entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo y Gobiernos Regionales y Locales con una estrategia común y con enfoque territorial.
Corto plazo:
Fortalecer la formulación, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales; articular la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030, y con las demás políticas nacionales directamente relacionadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, garantizar la interoperabilidad entre las instituciones directamente involucradas en la lucha contra el crimen organizado, coordinada por el Poder Ejecutivo.
Mediano plazo:
Fortalecer los programas de resocialización de los internos, incrementar el personal de seguridad en los establecimientos penitenciarios teniendo en cuenta la tecnología para reducir la proporción personal-interno, evaluar la creación de una carrera profesional penitenciaria, entre otras.
Largo plazo:
Implementar un sistema integrado de lavado de activos, liderado por la UIF; desmantelar las estructuras que sostienen las cadenas de valor ilegales: control de los insumos químicos relacionados a la minería ilegal y al tráfico ilícito de drogas, protección policial a la Sunat, freno de la exportación de oro ilegal, cierre de las rutas del narcotráfico, destrucción de dragas, entre otros.
C. Reforma del sistema de administración de justicia penal
A cargo de una Comisión de Alto Nivel conformada por las entidades involucradas.
Corto plazo:
Revisar y modificar, de manera integral, el Código Penal.
Mediano plazo:
Garantizar un número suficiente de jueces y fiscales, que ejerzan sus funciones con plena independencia, fortalecer la especialización de fiscales y jueces en materia de lucha contra el crimen organizado, fortalecer el control interno para garantizar la probidad en las entidades públicas, entre otras medidas.
Revisión normativa
Estudio y modificación de la legislación vigente sobre el combate a la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión y la trata de personas, para hacer más efectiva la labor de la Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial en la lucha contra estos flagelos, prestando especial atención al tipo penal del delito de organización criminal, a los plazos de los procesos de colaboración eficaz, de suspensión de la prescripción de la acción penal y de las interceptaciones telefónicas.
Prevención y participación social
Fortalecer la formación en valores de los estudiantes de todo nivel en coordinación con las familias, aumentar una hora al curso de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica y propiciar espacios de formación cívica con el objetivo de: promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos; fomentar el respeto por la ley, la diversidad, la democracia y el bien común; reforzar el sentido de identidad nacional, compromiso cívico y participación social; y afianzar la formación en valores y responsabilidad social, entre otras disposiciones.
