El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Poder Ejecutivo propone una modificación del Código Penal para castigar penalmente las conductas previas al delito de extorsión. Esta reforma permitirá al Estado intervenir desde el primer acto de amenaza y actuar “con la máxima fuerza” para proteger a las víctimas.
El titular del Interior explicó que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía. Sin embargo, la legislación vigente solo permite sancionar cuando el delincuente llega a recibir el dinero. Tiburcio precisó que el delito “empieza mucho antes”, desde el primer contacto o amenaza contra la víctima.
Cambios clave en el Código Penal
La propuesta busca modificar el Decreto Legislativo 635 para incorporar tipos penales autónomos que sancionen las conductas previas a la consumación del delito. Estas comprenden:
- La puesta en contacto con la víctima.
- La formulación de la demanda económica.
- Las acciones de presión o amedrentamiento.
- Las etapas de negociación.
“Desde el momento en que un criminal amenaza para pedir dinero sin esperar que lo reciba, el Estado podrá actuar con la máxima fuerza. Esto nos permitirá intervenir más rápido y prevenir daños mayores”, enfatizó el ministro.
Avances en materia de seguridad
Durante su exposición del pedido de facultades legislativas, Tiburcio recordó que bajo la actual gestión se desarticularon 18 organizaciones criminales, más de 1600 bandas delictivas, se capturaron más de 9000 requisitoriados y se incautaron 803 armas de fuego.
Otras propuestas normativas complementarias
El ministro también propuso tipificar el delito de revelación de información reservada en investigaciones policiales o fiscales, práctica que pone en riesgo a las víctimas de extorsión. Para ello, plantea un tipo penal específico que contemple la separación definitiva del cargo para fiscales, jueces o policías que incurran en dicha falta.
Asimismo, planteó incrementar las penas por resistencia o desobediencia a la autoridad, y restringir la suspensión de la ejecución de la pena en casos agravados. La reforma propone elevar la sanción a un rango de 5 a 8 años para garantizar una respuesta penal más efectiva.
