Especialistas señalan que proceso queda viciado por graves irregularidades en documentación oficial.
Luego que el alcalde provincial de Urubamba, ingeniero Ronald Vera, anunciara ante la opinión pública el lanzamiento del proceso de licitación de la ruta Hiram Bingham, se ha conocido que el proceso estaría viciado de graves irregularidades que determinarían su inviabilidad.
El actual concesionario, CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C., ha presentado una denuncia penal contra los regidores que conforman el Concejo Municipal de Urubamba: señores Yuri Robinson Durand Flores, María Guadalupe Romero Ochoa, Roberto Rojas Concha, Efraín Achahui Cuyro, Victoria Quispe Tito, Cinthia Fiorella García Tisoc, Olga Hanco Huamani, Mariano Tapia Yupanqui, Marcos Marcial Concha Tupayachi, por la supuesta comisión de delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad ideológica, delito sancionado hasta con seis años de pena privativa de la libertad.
En la denuncia presentada se imputa a los regidores que la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 008-2025-MPU/C, norma en la que se aprueban normas complementarias para la administración y fiscalización del servicio de transporte público, indispensable para llevar adelante el proceso de licitación, no contaría con informe favorable previo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La ordenanza municipal, dice la denuncia, cita el informe Nº 0359-2025-MTC/18.01, como si en él el MTC hubiera abdicado de sus competencias, cuando en sus conclusiones el MTC expresaba que esperaba el próximo envío de las mismas para su pronunciamiento, puesto que la Municipalidad envió sólo un oficio de una cara sin anexar las normas que pretendía sean aprobadas; es decir, EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES NO HA EMITIDO OPINIÓN DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA.
LA MUNICIPALIDAD TAMPOCO TENDRÍA OPINIÓN DEL SERNANP
El alcalde Ronald Vera ha anunciado que las bases del concurso público estarían listas, olvidando que para ello, conforme a ley, debería contar con una opinión favorable del SERNANP, al tratarse de una vía restringida por encontrarse al interior de un área natural protegida; este medio de comunicación ha buscado la versión de los funcionarios de SERNANP y se pudo conocer que la Municipalidad de Urubamba, al igual que con el MTC, sólo habría remitido un oficio en una cara y que, con dichos insumos, NO SE PODRÍA EMITIR NINGUNA OPINIÓN.
BASES CONTROVERTIDAS
Este medio de comunicación ha tomado conocimiento de algunas estipulaciones controvertidas respecto a las bases que regirán la licitación, las que podrían generar serios problemas.
- Se habría previsto la contratación de cuatro empresas de transporte, dividiendo la capacidad de carga, que es de 24 unidades, en 4 grupos; el primero de ellos estaría compuesto por 8 unidades y a él sólo podrían acceder empresas que agrupen personas con domicilio en el distrito de Machupicchu; en el segundo grupo, también de 8 unidades, destinado a empresas que agrupen a personas con domicilio en Urubamba, menos en el distrito de Machupicchu; el tercer grupo, de 4 unidades, destinado a empresas conformadas por pobladores de otras provincias de la región Cusco, menos de Urubamba; y el último grupo, para empresas conformadas por personas domiciliadas en otras regiones del país.
- De confirmarse la información alcanzada por nuestras fuentes, la decisión adoptada por la autoridad municipal afectaría gravemente la economía del distrito de Machupicchu, incluida su Municipalidad propietaria de TRAMUSA, que verán reducida su participación en dos terceras partes, para dar lugar a empresas conformadas por accionistas de otros lugares.
- Se impediría la presentación al proceso de licitación del actual operador, CONSETTUR MACHUPICCHU.
- Las empresas prestadoras del servicio podrían realizar sus mantenimientos en cualquier lugar de la provincia de Urubamba.
- No se habría previsto la forma en que repostarán combustible, teniendo en cuenta que en el distrito de Machupicchu no existen estaciones de servicio que expendan combustible, suponiendo que cada empresa se agenciará de envases (chavos) para llevar el combustible y repostar sus unidades en la vía pública, constituyendo un grave peligro para las personas y para el cuidado del ambiente de un entorno tan delicado como es el Santuario Histórico y Natural de Machupicchu.
- En la licitación se ha previsto que el servicio a prestarse es de transporte turístico, definición que gravaría automáticamente el servicio con el Impuesto General a las Ventas, que es del orden del 18%, y lo que resulta más llamativo, las empresas postoras deberán ofrecer un pago mínimo del 20% de sus ventas a favor de la Municipalidad de Urubamba, exigencia que debería encarecer el servicio en la misma proporción. Así, si hoy el pasaje de turistas extranjeros es de US$ 24, con las exigencias previstas debería elevarse a no menos de US$ 33 para cada pasajero que haga uso del servicio.
- No se ha previsto la obligación de un pasaje social diferenciado para residentes, cusqueños y peruanos, dejando la libertad para que las empresas cobren una tarifa única en perjuicio de nuestros connacionales y, más propiamente, de los escolares de nuestra región y de los habitantes del Cusco.
ASESOR TRAS LAS SOMBRAS
Se supo que la Municipalidad de Urubamba contrató los servicios, como experto independiente, del abogado Raúl Camacho, exgerente de Tránsito de la Municipalidad del Cusco en el periodo del alcalde provincial Carlos Moscoso, de triste recuerdo. Sería dicho profesional el encargado de la elaboración de las normas municipales y de las bases del concurso público; sin embargo, él no forma parte del Comité designado por la Municipalidad, en el que se han nombrado como conformantes al gerente municipal CPC Wilfredo Condeña Díaz (presidente), gerente de desarrollo urbano, Arq. Yobani Gómez Apaza, y al gerente de administración, abogado Julio César Quispe Ramírez, ninguno de ellos experto en transporte. Se sabe que Camacho Durand goza de la total confianza del titular del ejecutivo y sería él quien tomaría las decisiones del comité designado sin la obligación de firmar ningún documento que lo pudiera involucrar.
FACTOR BELMOND
De otro lado, con respecto a la decisión de impedir la participación de una empresa en un proceso de licitación, puede generar la inmediata intervención de Indecopi, que puede inclusive aplicar una fuerte multa para la institución pública que pone en marcha barreras burocráticas. Especialistas en contrataciones consultados por El Diario del Cusco han precisado que solamente una empresa o consorcio privado puede ser impedido de participar en un proceso si hay una sanción firme y consentida por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y si está en ámbito del Poder Judicial cuando se tiene una sentencia firme y consentida en última instancia del sistema.
Un claro ejemplo es lo que está ocurriendo con el caso del Grupo Belmond en el hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu. En meses atrás, el propio gobernador del Cusco, Werner Salcedo, había dicho que en un proceso de licitación para el nuevo operador no se permitiría la participación del actual operador de dicho establecimiento, pero la semana pasada, al informar sobre el inicio de conversaciones con los mencionados empresarios, dijo que se cumplirá con lo que manda la ley y, por lo tanto, no se puede impedir la participación de nadie en un proceso abierto y transparente de licitación para la concesión.
