Cuatro efectivos policiales de la comisaría Santa Bárbara, en Juliaca, recibieron 14 meses de prisión preventiva por el presunto delito de robo agravado y secuestro. Los delitos fueron cometidos el 8 de julio de 2025, utilizando vehículos policiales durante operativos oficiales en la región de Puno.
Los implicados son Sir Huayne Ashley Medina Valdivia, Ronald Mauricio Quispe Posada, Franco Juliano Barrueta Nostrosa y Carlos Fernando Salazar Vilca. Estos efectivos presuntamente aprovecharon su autoridad y condición de servidores públicos para ejecutar actos delictivos, incluyendo amenazas con armas de fuego.
El juzgado especializado determinó que los cuatro oficiales emplearon patrulleros institucionales para trasladarse hacia los lugares donde perpetraron los ilícitos. Las investigaciones establecieron que utilizaron su posición de autoridad para facilitar la comisión de estos graves delitos contra ciudadanos de la localidad juliaqueña.
Los hechos delictivos y roles específicos
Medina Valdivia se desempeñaba como conductor del vehículo policial Toyota Hilux, placa EGP-966, durante la comisión de los delitos. Quispe Posada conducía otra unidad policial, mientras que los otros dos implicados participaron activamente en la ejecución de los hechos según las evidencias.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen actas de denuncia verbal, registros vehiculares oficiales e incautación de armamento reglamentario y municiones. También se incorporaron declaraciones testimoniales de víctimas y testigos que identificaron plenamente a los cuatro efectivos en el momento de los hechos.
Entre los elementos probatorios más relevantes destaca un acta de intervención policial que detalla la posesión irregular de pistolas y fusiles. Peritajes balísticos confirmaron que los proyectiles recuperados en la escena corresponden a las armas incautadas, estableciendo vínculos directos con los acusados.
La defensa legal y argumentos presentados
Durante las audiencias, las defensas técnicas alegaron inconsistencias en la investigación y cuestionaron la validez de ciertos documentos. Sin embargo, el magistrado consideró que existían suficientes elementos de convicción para sustentar las imputaciones.
Los abogados defensores también argumentaron que sus patrocinados carecían de arraigo familiar y laboral, lo que, según el tribunal, justificaba la prisión preventiva dados la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.
Resolución judicial y consecuencias institucionales
La resolución judicial establece 14 meses de prisión preventiva para cada uno de los procesados, calificando la medida como proporcional y necesaria por la gravedad de los delitos y el peligro procesal.
Se ordenó su inmediato internamiento en el penal designado y se dispuso comunicar a la Policía Nacional para el inicio de los procesos administrativos disciplinarios.
Este pronunciamiento judicial marca un precedente en la lucha contra la corrupción policial y el abuso de autoridad en Puno. “La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia ante el abuso de poder”, afirmó el magistrado al leer la resolución.
Las víctimas manifestaron su satisfacción por el fallo, considerando que se hizo justicia ante actos delictivos cometidos por quienes debían garantizar su seguridad. El caso marca un hito en el sistema judicial peruano respecto al tratamiento de delitos cometidos por policías en funciones.
