La gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cusco, Dra. Sami Venero, cuestionó el proyecto de ley presentado por la congresista Susel Paredes para la formalización de las trabajadoras sexuales, porque principalmente va en contrasentido del esfuerzo que desarrollan diversos sectores para la lucha contra la trata de personas, teniendo en cuenta que es un problema que afecta al Cusco y regiones del sur, pues mujeres que son captadas contra su voluntad por mafias organizadas precisamente son obligadas a ser parte del “oficio más antiguo del mundo”.
“Primero, como mujer, creo que nosotros debemos priorizar la lucha contra la violencia sexual. No promoverla, sino luchar contra este flagelo. Yo no estaría de acuerdo rotundamente con el referido proyecto de ley porque creo que la mujer o el varón tienen todas las posibilidades de desempeñarse sin estar ingresando a esta situación. El trabajo es algo que dignifica al hombre, y lo decimos en cualquier profesión, cualquier oficio. Pero no podemos promover el trabajo sexual si tenemos un país donde la violencia sexual es más de un 70%. Al promover estas leyes, dejamos abiertas muchas puertas, esto nos puede llevar a incrementar la violencia contra nuestras personas más vulnerables. Con esa propuesta estaríamos exponiendo la integridad física y sexual de nuestras mujeres”, precisó.
Recordemos, tal como informó ayer nuestro medio de prensa, que la congresista Susel Paredes presentó el Proyecto de Ley N.° 12475/2025-CR, que propone regular el trabajo sexual en el Perú bajo un enfoque de derechos y protección.
La iniciativa contempla que personas mayores de 18 años puedan ofrecer servicios sexuales, siempre que cumplan con requisitos legales y operen en espacios autorizados.
El proyecto busca reconocer derechos laborales y de salud para quienes ejercen el trabajo sexual y prohíbe la detención arbitraria por esta actividad. Además, establece obligaciones para el Estado en materia de inclusión y capacitación institucional.
No obstante, la propuesta presenta vacíos y genera cuestionamientos sobre su viabilidad, imponiendo que el Estado implemente también programas de formación para “erradicar el estigma”.
Aunque reconoce ciertos derechos, el proyecto carece de mecanismos claros y efectivos para enfrentar la violencia, la explotación y la trata de personas, problemas que afectan gravemente a este sector.
Además, el proyecto elimina la obligatoriedad de las pruebas de VIH, una medida que pretende respetar la privacidad, pero no garantiza el acceso efectivo a servicios integrales de salud. La no obligatoriedad de estas pruebas podría perjudicar a quienes asisten a estos servicios irregulares, exponiéndolos a enfermedades.
Otro punto crítico es la falta de un plan de coordinación claro entre el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos locales y las organizaciones sociales, lo que pone en duda la implementación y eficacia de la ley, debido a que se pretende, con esta norma, abrir programas de información sobre el trabajo sexual dirigidos a su personal.
En suma, aunque el proyecto de Susel Paredes representa un intento por reconocer derechos, su alcance limitado y la falta de medidas integrales causan dudas sobre su capacidad para transformar realmente las condiciones sociales, laborales y de salud de las trabajadoras sexuales en el Perú.
