Congresista por Cusco Katy Ugarte entre ellos.
La Fiscalía de la Nación presentó este jueves una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y un grupo de 24 congresistas, entre ellos los conocidos como “Los Niños”, por presuntos delitos vinculados a una organización criminal instalada en el aparato estatal durante su gobierno.
El documento fue elaborado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y acusa al exmandatario por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Entre los parlamentarios comprendidos en la denuncia figuran 14 integrantes de la bancada Acción Popular, sindicados como parte del grupo “Los Niños”: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Ángel Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos y Carlos Alva. A ellos se les imputa organización criminal, tráfico de influencias y, en algunos casos, cohecho pasivo impropio.
También figura Karol Paredes, de Acción Popular, acusada por los mismos delitos.
La denuncia se extiende además a nueve congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial: Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza. La acusación es por organización criminal y tráfico de influencias.
Junto a ellos, la Fiscalía ha comprendido a tres exministros:
Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada;
Jorge Luis Prado, exministro de la Producción, por organización criminal y negociación incompatible;
Betssy Chávez, exministra de Trabajo y excandidata presidencial, por el delito de negociación incompatible.
Según la Fiscalía, Pedro Castillo habría encabezado una presunta organización criminal con el objetivo de captar votos en el Congreso a cambio de direccionar licitaciones públicas desde los ministerios de Transportes, Vivienda y Producción, así como en organismos públicos como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).
Esta es la denuncia más amplia presentada hasta la fecha en el marco de las investigaciones sobre corrupción en el entorno de Castillo. El Congreso deberá ahora evaluar su admisión y, eventualmente, levantar el fuero de los congresistas implicados para continuar con el proceso penal.
