Amplio rechazo ha generado la declaración del alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre su intención de cerrar la ciudad inca de Machu Picchu ante la falta de avances en la licitación de la ruta Hiram Bingham. Han pasado tres meses desde el inicio del plan de contingencia, previsto solo por cuatro meses. Sin embargo, no se concreta el proceso para designar un nuevo concesionario de la vía que permite el acceso al santuario histórico. La información difundida por El Diario del Cusco ha tenido gran repercusión tanto en la región como a nivel nacional.
Diversos sectores, entre ellos instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la población de Machu Picchu, expresaron su rechazo total a la amenaza. Exigieron que el alcalde Vera Gallegos enfoque sus esfuerzos en la licitación de la ruta Hiram Bingham antes de poner en riesgo la principal actividad económica del Cusco: el turismo.
Varios habitantes del distrito de Machupicchu se comunicaron con El Diario del Cusco para mostrar su indignación. “Parece un alcalde COVID, pues como esa pandemia quiere cerrar Machu Picchu generando pobreza, desempleo y desesperanza. Parece que no tiene conciencia de su amenaza: si se cierra la Ciudad Inca, todo se paraliza. Se cierran hoteles, restaurantes y comercios, y se generaría nuevamente desempleo. Este alcalde debería medir sus palabras, pues sus amenazas tienen repercusión mundial”, señalaron.
Cámara de Comercio del Cusco pide responsabilidad
El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, advirtió que la amenaza del alcalde carece de sustento legal. La autoridad municipal no tiene competencia para cerrar Machu Picchu. Sostuvo que la posición de Vera refleja una falta de capacidad de gestión, pues la municipalidad no ha mostrado avances en el proceso de licitación de la carretera Hiram Bingham.
Santoyo recordó que el plan de contingencia tenía un plazo de cuatro meses para realizar la licitación del servicio de transporte. Sin embargo, tras casi 90 días, no existe progreso real. Explicó que la gestión municipal debió iniciar el proceso desde 2023. Pero actuó sin planificación ni coordinación con el sector privado, que conoce directamente el funcionamiento de la operación turística hacia Machu Picchu. Esta falta de articulación, afirmó, ha generado la incertidumbre actual.
Irregularidades en el proceso de licitación
El alcalde Vera afirmó que el Sernanp entregaría esta semana la compatibilidad necesaria para las bases de la licitación. No obstante, Santoyo desmintió esa versión con base en el documento oficial del organismo. Según el oficio 00300-2025 del Sernanp, la solicitud de compatibilidad está incompleta. El pedido solo describe la vía principal, sin incluir la infraestructura necesaria para un servicio de diez años. Esto impide emitir una opinión técnica favorable.
Estas observaciones, señaló Santoyo, demuestran que la municipalidad no elaboró un expediente integral ni ajustado a la normativa de áreas naturales protegidas. El Sernanp exige corregir el ámbito solicitado, incluir infraestructura complementaria y clarificar aspectos técnicos antes de continuar. Para el dirigente empresarial, esta falta de preparación agrava la situación y muestra una gestión improvisada y sin sustento.
Además, Santoyo criticó las declaraciones del alcalde contra la Presidencia del Consejo de Ministros. Señaló que la PCM actuó solo como mediadora en el conflicto social y no tiene responsabilidad directa en la licitación. A su juicio, desviar la atención no resuelve el problema de fondo: el retraso se debe a la falta de acción de la Municipalidad Provincial de Urubamba.
Municipalidad de Machu Picchu exige rectificación
La Municipalidad Distrital de Machu Picchu expresó su rechazo a las declaraciones del alcalde de Urubamba sobre el posible cierre temporal de la ciudad inca. En un comunicado, la comuna recordó que Machu Picchu es una de las Siete Maravillas del Mundo. Además, atrae a miles de turistas nacionales e internacionales cada día.
“Un cierre temporal no solo pondría en riesgo la estabilidad económica de la población de Machu Picchu. También afectaría a toda la región del Cusco y del país. La medida afectaría a prestadores de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, transportistas, guías, comerciantes, artesanos y trabajadores que dependen directamente del turismo.
El comunicado otorgó un plazo de 48 horas para que el alcalde Ronald Vera se rectifique. “Es insostenible que el alcalde, en su desconocimiento y búsqueda de protagonismo político, siga tomando decisiones irresponsables. Esto genera incertidumbre internacional y pone en riesgo la estabilidad económica del país”, concluye el pronunciamiento. Finalmente, la comuna convocó a la sociedad civil y a los sectores público y privado a mantenerse vigilantes. Deben defender la continuidad del turismo.
