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lunes, abril 15, 2024
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Policía Nacional gasto cerca de 750 mil soles por servicio de internet para patrulleros dados de baja

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Contraloría de la República presentó ayer amplio informe

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Policía Nacional del Perú (PNP) gastó un total de 742 mil  712 soles para brindar el servicio de internet a patrulleros inteligentes que se encontraban inoperativos o dados de baja, pese a que, según la entidad, la PNP tenía información previa del estado de los vehículos.

Según el informe de control, la Policía contrató la instalación de internet para 1 957 patrulleros inteligentes, de los cuales 1 059, más del 50%, no utilizaron nunca el servicio por su condición de inoperatividad, lo que ocasionó un «gasto innecesario e irregular» en beneficio de la empresa proveedora.

La Contraloría precisó que la finalidad pública de la contratación era «mejorar el servicio de seguridad ciudadana», permitiendo que los Centros de Datos de la PNP «cuenten con comunicación de datos en banda ancha hacia Internet, que permita el uso de las aplicaciones policiales, así como la interoperabilidad con otras entidades públicas».

Por ello, en diciembre del 2020, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la PNP suscribió una contratación directa por S/ 37 149 673 por el “servicio de Banda Ancha de acceso a Internet para comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN para complejos policiales y puestos de fronteras PNP, servicios de fibra oscura (…) y servicio de tercerización de seguridad informática gestionada”. Dicho servicio tendría lugar entre el 2 de diciembre de 2020 al 23 de agosto de 2021.

En dicho contrato estaba incluido el servicio de datos para interconectar a 1 957 patrulleros inteligentes a través de la instalación de SIM CARD o chips (Internet 4G o 3G). Por ello, se pagó un total de S/ 25 546 445. De ese monto total, según la CGR, S/ 742 712 correspondieron al pago del servicio por las mencionados 1 059 unidades.

Sin embargo, el órgano de control evidenció irregularidades en dicha contratación de Internet, ya que, en el bloque de 1 957 unidades, se consideraron 510 patrulleros inteligentes inoperativos o dados de baja por lo que era innecesario instalarles el servicio. Esta inclusión se dio pese a que los funcionarios del área usuaria tuvieron conocimiento del estado de los vehículos antes del requerimiento, debido a informes previos de la División de Logística de la PNP.

«A esta irregularidad, se suma que de los 510 SIM CARD innecesariamente requeridos, en 217 se registraron consumo de datos, lo que evidencia que fueron utilizados de forma indebida ya que las unidades en las que se encontraban eran inamovibles y sin funcionamiento», refiere el informe del órgano de control.

Asimismo, el informe evidenció que en 549 patrulleros inteligentes operativos, «o que luego dejaron de estarlo», se instaló el mismo número de SIM CARD que no registraron consumo de datos pese a contar con el servicio, «según se verificó en el informe sobre Tráfico de consumo de datos, elaborado por la DIRTIC». Pese a ello, se realizó el pago sin observación alguna.

EN BUSCA DE RESPONSABLES

La Contraloría detalló que la PNP «pudo haber solicitado la reducción del contrato» en vista de los vehiculos que no necesitaban el servicio. Sin embargo, «generaron su continuación y consecuente pago por la integridad del contrato y otorgaban la conformidad»; es decir, se siguió pagando por el servicio.

Según el informe de control, esta situación se produjo por la «actuación consciente y voluntaria de los funcionarios y servidores a cargo del requerimiento del servicio y supervisión del contrato», quienes, «infringiendo sus deberes, actuaron de manera directa, parcializada, indebida y contraria a la normativa vigentes y a los intereses del Estado».

Por el hecho irregular detectado, la Contraloría señaló que existe «la presunta responsabilidad penal y administrativa de 11 funcionarios y servidores de la PNP», muchos de los cuales serían policías en actividad y que, en algunos casos, «continúan en los cargos que desempeñaron y que estuvieron a cargo del requerimiento y supervisión del contrato cuando ocurrió el hecho detectado».

La Contraloría recomendó al titular de la PNP adoptar «las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades que correspondan», y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, «iniciar las acciones penales contra los presuntos responsables».

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