La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú realizaron un megaoperativo en las ciudades de Abancay y Cusco contra la organización criminal Los Chavelos, integrada por los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo y funcionarios del Poder Judicial de Abancay, quienes habrían beneficiado ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales seguidos contra el Estado y la minera Las Bambas.

Los malos funcionarios del Poder Judicial de Abancay captados por los hermanos Chávez Sotelo actuaban como el brazo legal de la organización declarando fundados, a cambio de dinero, los recursos legales que estos presentaban en su condición de abogados de la comunidad campesina de Huancuire, pese a que se basaban en sustentos fraudulentos y contrarios a ley, ocasionando con ello graves perjuicios económicos al Estado.

Como se recuerda, los hermanos Chávez Sotelo ya estuvieron en prisión el año 2019 por promover prácticas extorsivas, así como violencia, el bloqueo del corredor minero y enfrentamientos con la Policía; mientras fungían como “asesores legales” de las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay-Apurímac ha obtenido diversas comunicaciones que revelan cómo estos sujetos coordinaban con los operadores judiciales el favorecimiento en sus procesos, así como los pagos ilegales como retribución.  Por ello, les imputa los delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios-corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales y cohecho activo especifico.

En el megaoperativo desarrollado ayer en la madrugada se allanaron ocho inmuebles pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo, así como a diversos secretarios, especialistas legales y asistentes judiciales del Poder Judicial de Abancay. En tanto, en la ciudad del Cusco fue allanada la vivienda de Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire.

Aunque la Fiscalía lo solicitó, la autoridad judicial no autorizó la detención preliminar de los investigados, sino solo el allanamiento y registro domiciliario.

El Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de detención preliminar bajo el argumento de que no existe peligro de fuga y de obstaculización de la prueba, pese a que los investigados podrán seguir laborando al interior de la Corte y en las mismas salas donde se habrían desarrollado los actos ilícitos, lo que les posibilitaría eliminar cualquier documento incriminatorio.

Además de los domicilios de los hermanos Chávez Sotelo y del dirigente Ochoa Núñez, fueron allanadas las viviendas de los secretarios del Poder Judicial de Abancay: Ebert de la Vega Chirinos, Karin Edith León Martínez, Luis Alberto Rojas Vargas y Alan Vásquez Huillca.

CONEXIÓN  CON URUBAMBA

En la ciudad del Cusco se allanó una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, que pertenecería a Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac. Genera preocupación saber que Javier Ochoa Núñez es familiar directo del también dirigente de la Comunidad de Huancuire, Donato Ochoa Castro, accionista mayoritario de la empresa Corporación O & S MELANY S.A.C., empresa cuyo nombre se hizo público por ser propietaria de los buses de transportes con los que la empresa Transporte Internacional Trans Peru S.A.C. pretende obtener una autorización de la Municipalidad Provincial de Urubamba para operar en la ruta Machupicchu Pueblo – Ciudadela Inka de Machupicchu, conocida como Hiram BIngham.

Al cierre de esta edición se tiene conocimiento que la Municipalidad Provincial de Urubamba, con anuencia del SERNANP, ya habría dado la autorización para la operación de esta empresa en Machupicchu, información que viene causando gran preocupación en la población del distrito de Machupicchu, en vista de los medios violentos que utilizan los señalados dirigentes para lograr sus propósitos así como sus movidas por debajo de la mesa que recientemente se hicieron públicas gracias al golpe asestado por el Ministerio Público.

Cabe recordar que, gracias a acciones de fuerza desplegados contra la actividad minera entre los meses de marzo y abril de este año en la zona de influencia de Las Bambas, la Comunidad de Huancuire fue beneficiada con el pago de 194 millones de soles, los mismos que, por autorización de la comunidad, fueron retirados en efectivo por Donato Ochoa Castro.

En los días siguientes nos haremos presentes en la Municipalidad de Urubamba con el fin de indagar acerca del estado de los trámites iniciados por estas empresas relacionadas a dirigentes de la Comunidad Campesina de Huancuire y si en estos trámites se hicieron uso de los filtros legales para detectar casos en los que se podría estar intentando lavar activos, buscaremos la palabra del alcalde provincial Luis Valcarcel, así como de la Gerente Municipal Marisol Vargas Montañez, quien laboro en la Municipalidad de Cotabambas.