Ha caducado el mandato de comparecencia con restricciones en su contra.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afrontará sin ninguna restricción en su contra el proceso penal que se le sigue por los presuntos aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso ‘Cócteles’.
Esto debido a que el juez Wilson Verástegui declaró la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones que se le había impuesto a la excandidata presidencial el 30 de abril del 2020 como parte de este proceso penal.
Durante una audiencia virtual, el magistrado determinó que a la fecha ya venció en exceso el plazo de 36 meses de esta medida restrictiva impuesta a Fujimori, por lo que dispuso que en adelante la lideresa de Fuerza Popular afronte este proceso bajo mandato de comparecencia simple, teniendo solo la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial las veces que sea requerida.
El juez Verástegui Gálvez tomó en cuenta para su decisión la Ley 32130, en la que se establece que la comparecencia con restricciones tendrá un plazo máximo de 36 meses en casos de procesos sobre criminalidad organizada.
No obstante, el magistrado dispuso que queda subsistente el pago de caución de 70 mil soles fijado a Fujimori dentro de este proceso penal, precisando que no tiene carácter de coerción personal, sino naturaleza patrimonial.
Al término de la audiencia, la fiscal adjunta Paulina Roque, la representante de la Procuraduría asignada al caso y la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, expresaron su conformidad con lo resuelto por el magistrado.
El pasado 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó ante el despacho del juez Verástegui su nueva acusación fiscal contra los implicados en el caso ‘Cócteles’, en la que pidió 35 años de prisión para Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilegales a sus campañas.
El magistrado acusa a la excandidata presidencial de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado peruano.