La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia. Esta vez, por presunta traición a la patria luego de suscribir el denominado Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia. La demanda, interpuesta por el periodista Alfredo Vignolo  ante la Fiscalía de la Nación involucra directamente a la mandataria en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República en su condición institucional.

La queja presentada sostiene que la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar implica una “afectación directa a la soberanía marítima nacional” al considerar que el acuerdo colisiona con lo estipulado en la Constitución. Específicamente el artículo 54 que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa del país.

La denuncia también puede interpretarse como un acto que “compromete la seguridad o integridad territorial del país”, lo que encajaría en la figura legal de traición a la patria. En ese sentido, sostuvo que “cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional”, según declaraciones recogidas por el diario Expreso.

Sobre el tema, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería emitieron un comunicado donde advirtieron que la firma representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

“Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada“, escribieron. No obstante, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela alegan una falta de información por parte de los críticos.

Señalan que tratado firmado por Dina Boluarte no afecta la soberanía nacional

La presidenta Dina Boluarte firmó en Francia el ‘Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales’ (BBNJ, por sus siglas en inglés), también llamado el Tratado de Alta Mar, el cual ha generado debate entre algunos gremios que aseguran que afectará la soberanía nacional.

Jimpson Dávila, director del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, rechazó que el Tratado de Alta Mar vulnere la soberanía nacional ni tampoco es un acuerdo pesquero, sino que se trata de un acuerdo ambiental.

“Es un acuerdo de conservación de la diversidad biológica, porque luego de las 200 millas no existía un marco jurídico que proteja la biodiversidad en el 64 % del océano, no es acuerdo pesquero ni tampoco afecta la soberanía de los propios estados porque se aplica en aguas internacionales donde históricamente ningún estado ha ejercido soberanía, tampoco afecta la actividad pesquera», explicó.

Explicó que este acuerdo especializado y que es único en su naturaleza, es bueno para la protección de los océanos. “El cambio climático lo podemos mitigar gracias al efecto que cumple el océano en enfriar el planeta, el oxígeno que respiramos viene del océano, entonces el ecosistema marino cumple un rol fundamental para que la vida se desarrolle en el planeta y es por eso que hay que protegerlo», enfatizó.

Añadió que el Ejecutivo debe ser el encargado en responder por los cuestionamientos que han expresado ciertos gremios por la firma de dicho tratado.

¿QUÉ ES EL ACUERDO BBNJ?

La presidenta Dina Boluarte firmó el Tratado del Mar este lunes 9 de junio durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano realizado en Niza, Francia, sin embargo, esta acción ha generado diversos debates y críticas.

De acuerdo a las Naciones Unidas, dicho acuerdo tiene como finalidad la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas ubicadas fuera de la jurisdicción nacional, “mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacionales».

MINISTRO DEL AMBIENTE SE PRONUNCIA  

Sobre el tema el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, precisó que el Acuerdo de Altamar, suscrito por nuestro país en el marco de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC-3), en Niza, Francia, no afecta la soberanía ni la actividad pesquera en el país.

Añadió que dicho acuerdo internacional busca proteger nuestros ecosistemas marinos y su gran biodiversidad con acciones estratégicas en aguas por fuera de la jurisdicción nacional.

Señaló que, respecto al referido acuerdo, existe cierta confusión debido a la desinformación y desconocimiento. En este sentido, subrayó que el Acuerdo de Altamar es diferente a la Convención del Mar (Convemar). Este último es un acuerdo internacional para el uso de los océanos y sus recursos que no se ha firmado. «Ahí, Perú no tiene ninguna firma», expresó.

Volviendo al Acuerdo de Altamar firmado en Niza, explicó que está enfocado en la conservación de especies en aguas internacionales y fuera de las jurisdicciones de los países miembros. Para enfatizar en este aspecto, mencionó que este compromiso multinacional no debe interpretarse como una restricción. «Está basado en el tema de conservación. Nada de lo que dispone perjudica los derechos, la jurisdicción y deberes a los Estados miembros», acotó.

Añadió que tampoco se afecta la actividad pesquera ni los recursos marinos. El titular del Ministerio del Ambiente fue tajante al manifestar que el Acuerdo de Altamar «por ningún lado afecta los derechos y soberanía del país».

En otro momento, manifestó que el Acuerdo de Altamar es público desde el año 2023, es de conocimiento de todos los países y también se informó de su firma en la agenda alcanzada al Congreso de la República, cuando se solicitó la autorización del viaje a la presidenta de la república, Dina Boluarte.