Juez Richard Concepcion Carhuancho ha implementado primeras medidas.

El juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó el impedimento de salida del país, por 18 meses, para Francisco Alencastre Durand y Juan Paredes Concha, por el presunto delito de lavado de activos.

Según la tesis de la fiscalía entre los años 2011 al 2013, en la gestión de Jorge Acurio, habrían operado tres organizaciones criminales en el gobierno  regional Cusco  “Los Charlies” integrado por diversos funcionarios de la región, así como las organizaciones criminales “Odebrecht” y “OAS”, también se incluye a empresas vinculadas al Club de la Construcción. En ese sentido se han iniciado las acciones de la Ley contra los involucrados en el accionar contra el Cusco.

En el primer caso se precisa que hubo ingente cantidad de dinero ilícito ingresado a favor de los funcionarios públicos Jorge Isaac Acurio Tito, Víctor Mayorga Miranda y  Juan Paredes, así como del que la justicia denomina testaferro de la organización criminal que funcionaba al interior del GORE Cusco.

Se puntualiza que Alencastre Durand, constituyó la empresa Multiservicios C&G E.I.R.L., con un capital de S/. 5 mil soles para dedicarse al alquiler de vehículos y maquinaria pesada e incluso adquirir dos volquetes por la suma de $ 162 mil 500 dólares, entidad que habría servido como fachada refiere el informe del Ministerio Publico.

La empresa fue donada posteriormente por Alencastre Durand, al exgobernador regional, Jorge Acurio. Según la partida registral Nro. 11126501 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Mediante escritura pública Nro. 78, del 14 de marzo del 2016, en dicho documento se precisa que Alencastre Duran transfiere la titularidad de la empresa Multiservicios C&G E.I.R.L., a favor de Jorge Acurio Tito.

Al momento del registro, la empresa  Multiservicios C&G E.I.R.L., estaba en el rubro de prestación de servicios de alquiler de maquinarias, vehículos y equipos pesados para la industria de la construcción y se encontraba habilitada para presentarse a licitaciones de entidades públicas. También brindaba servicios de alquiler de herramientas, servicios de consejería, asesoría técnica y profesional en obras de construcción civil.

La fiscalía dio cuenta al juez Concepción Carhuancho, que los vehículos de la empresa de Alencastre Durand prestaron servicios a favor de la empresa Odebrecht, a pesar de que el investigado se dedica a otro rubro. Sobre la transferencia de los vehículos existe una inconsistencia entre el valor de los vehículos comprados, los cuales se habría reducido en un 67%.

Al mencionado personaje que se dedica al rubro te telecomunicaciones se le atribuye ser autor del presunto delito de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento de activos ilícitos. Por el delito de lavado de activos, los investigados podrían ser sentenciados de 10 a 20 años de pena privativa de la libertad.