El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves, desde las 3 de la tarde, la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Además, se tiene previsto ver su inhabilitación de la función pública durante cinco años por infracción a la Constitución.

El informe, aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, recomienda acusar a la actual fiscal suprema por su decisión de suspender las investigaciones preliminares iniciadas contra el entonces presidente Pedro Castillo.

Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la inhabilitación o destitución por infracción constitucional se adopta “con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”. La aplicación de la sanción es inmediata.

Las denuncias contra Zoraida Ávalos fueron presentadas por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) y el procurador anticorrupción Javier Pacheco hace poco más de un año.

El informe final recomienda acusar a Zoraida Ávalos por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) y solicita su inhabilitación por cinco años. Además, se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

INTROMISIÓN DEL JNJ

En una evidente intromisión en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso, la Junta Nacional es Justicia (JNJ) pidió a este poder del Estado que reflexione en torno a la acusación constitucional en contra de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

A través de un comunicado, la JNJ pidió que el Parlamento «reflexione» en torno a la acusación constitucional contra Ávalos, dado que «las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia».

RESPUESTA DEL CONGRESO

El Congreso de la República le respondió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), resaltando que «tiene autonomía en sus decisiones», a la vez que subrayó que el procesamiento de las acusaciones constitucionales es una de sus funciones.

«El Congreso de la República tiene autonomía en sus decisiones, sustentado en la Constitución Política del Perú. Las acusaciones constitucionales están establecidas como una de las funciones del Parlamento», indicó el Legislativo.