A través de una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros se aprobó que sea el Estado quien asuma el pago de la defensa legal del premier Alberto Otárola, durante las investigaciones por las muertes en protestas.

Como se recuerda, estas investigaciones se realizan buscando indagar sobre la presunta responsabilidad penal de los fallecidos durante la represión policial hacia los manifestantes, en las violentas protestas reportadas desde diciembre pasado cuando se registro el golpe de Estado que pretendió  Pedro Castillo.

“Se resuelve otorgar el beneficio de la defensa y asesoría legal solicitado por Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, durante la investigación a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”, se puede leer en el oficio.

Según la información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la contratación de un abogado para que ejerza la defensa del Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendió a S/39.000, lo cual deberá ser asumido por el Estado.