Junta de fiscales supremos rechaza pretendida injerencia política en decisiones del Ministerio Publico

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público respondieron ayer al presidente de la República, Pedro Castillo, quien cuestionó las decisiones tomadas sobre el equipo que investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“El Ministerio Público constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en un Estado de derecho”, se lee en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El organismo recordó que, según el artículo 158 de la Constitución Política del Perú, “el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de la persecución del delito y la defensa de la legalidad”.

“Todas las acciones realizadas por el Ministerio Público se realizan en el marco de la autonomía constitucional sin ningún tipo de injerencia política, economía o mediática”, concluye el pronunciamiento.

LO QUE DIJO PEDRO CASTILLO

Pedro Castillo Terrones, en la víspera cuestionó los cambios que se han dado en el equipo de investigación fiscal en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.  En ese sentido lamentó que este equipo “haya sido desmantelado”, por lo que notifica a la comunidad internacional, sobre esta preocupante situación.

“El pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto ha sido desmantelado. Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan”, escribió el mandatario.

35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú se pronuncian contra injerencia política

Los 35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron ayer un enérgico pronunciamiento en defensa de la institucionalidad democrática y rechazo total a la injerencia política que pretende el poder.

El documento oficial dice “La independencia del Poder Judicial es un componente esencial del

Estado Constitucional de Derecho y del sistema democrático, la misma que debe ser respetada y garantizada tanto en lo normativo como en la práctica.

Las juezas y los jueces tenemos el deber de garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos; asimismo, tenemos entre nuestras atribuciones, la de controlar la convencionalidad,

constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado.

Es obligación de toda persona, sin exclusión, dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

Recalcamos que las discrepancias que puedan darse con relación a las decisiones jurisdiccionales, no pueden dar pie al escarnio ni poner al Poder Judicial bajo ataque amenazando su independencia, como viene aconteciendo en los últimos días. El sistema prevé el derecho a la pluralidad de instancias y al uso de los recursos impugnatorios. Por ello, cada jueza y/o juez es responsable de las decisiones que emite en el ejercicio independiente de su función.

El Poder Judicial tiene como misión garantizar el Estado de Derecho, el pleno respeto de los derechos humanos, así como la democracia en nuestra Nación.