En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres 2022 cuyo día central es el 25 de noviembre, el movimiento Manuela Ramos y la Alianza por la Solidaridad lanzaron la campaña ‘Vulnerabilidades, violencias y derechos sexuales reproductivos desde la perspectiva de los derechos humanos’.

Esta cruzada busca visibilizar la complejidad de la situación de las mujeres migrantes venezolanas en América Latina, con énfasis en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

El principal objetivo de esta campaña es lograr que los Estados adopten medidas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general, así como el derecho a una vida sin violencias para mujeres migrantes y refugiadas, detalló Manuela Ramos. En el Perú existen 1.4 millones de venezolanos, de los cuales 48 % son mujeres.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, reafirmó que el Perú cuenta con una política nacional de igualdad de género, aprobada en el 2019, que busca reducir la violencia hacia las mujeres y reconoce la importancia y el involucramiento de las instituciones públicas y privadas.

“La violencia en el Perú no discrimina género, ámbito social, cultural, política, condición sexual ni migratoria. No obstante, si nos acercamos a las estadísticas, podemos observar que las mujeres, niños y niñas, y adolescentes son los más vulnerables ante la violencia”, enfatizó la ministra.

En el Perú se reconocen 21 modalidades de violencia de género. Una de ellas es la violencia contra las migrantes y refugiadas. Por ello –dijo Dávila–, el país está comprometido con los derechos humanos y asume la responsabilidad de erradicar y brindar protección y atención frente a esta problemática social.

ESFUERZOS INSUFICIENTES

A su turno, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, indicó que la movilidad humana genera muchas reacciones y las más hostiles son la xenofobia, el racismo y todas las formas de expresión negativa que podemos tener hacia esas personas.

En 2021, la Defensoría supervisó la respuesta pública y la ruta de atención respecto a la violencia de género en población migrante y refugiada, indicó Revollar.

“Los principales hallazgos indican que los esfuerzos institucionales son aun insuficientes; en el momento que la persona va a esos servicios, muchas veces la atención no es adecuada. Se tiene que fortalecer la respuesta intersectorial e intergubernamental, actualizar protocolos, que se dispongan mecanismos y contar con información periódica”, puntualizó.

El informe especial “Violencia hacia las mujeres migrantes”, realizado por Manuela Ramos (con entrevistas a 1,211 personas en el mes de octubre), revela que 8 de cada 10 personas opinan que las personas migrantes que viven en el país merecen el mismo trato que cualquier ciudadano peruano.  Sin embargo, el 20 % señaló que no debe tratarse igual a un inmigrante que a un peruano (a).

ESTEREOTIPOS Y RECURSOS HUMANOS

“Existen aún muchos estereotipos o roles que las mujeres deberían cumplir en la sociedad y eso impacta en la vida de muchas, a través de la violencia, las desigualdades y la pérdida de oportunidades para el crecimiento profesional”. Señaló la subdirectora del movimiento Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez.

Asimismo, el 80 % de la violencia sexual que sufren las mujeres se da durante la niñez y la adolescencia. En el caso de las venezolanas, son estereotipadas por su aspecto físico y, debido a ello, para conseguir trabajo o mantenerlo, se les pide a cambio favores sexuales, añadió.

Justamente, el objetivo de esta campaña es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a una vida libre de violencia, pero también mirando desde el lado positivo el tema de la migración, comentó Elga Prado, representante de Manuela Ramos.

“La población migrante trae un capital humano importante y profesionales sobrecalificados –comentó Prado–. Si hubiese una política clara respecto a la población, se podría capitalizar mejor el recurso humano”.