Es el contrato laboral para hermana de su pareja sentimental
El Ministerio Público realizó una serie de diligencias en el despacho congresal de la ministra de Cultura, Betssy Chávez, y en la sede del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – Cofopri. Durante la intervención, se descubrió que se había contratado a la hermana de Abel Sotelo, con quien se le vincula sentimentalmente. Posteriormente, se dio de baja al contrato de Flor de María Jezabel Sotelo Villa. Fuentes de la Fiscalía indicaron que esta información servirá para ampliar la imputación en contra de Chávez Chino.
Un equipo del Ministerio Público, liderados por la fiscal provincial Karen Vásquez, llegaron esta mañana a la sede del Ministerio de Trabajo para continuar con las diligencias iniciadas el lunes. En respuesta, el actual titular del MTP, Alejandro Salas, dijo que se dará todas las facilidades a la Fiscalía para que desarrollen su trabajo.
Como se recuerda, el último domingo un reportaje periodístico emitido por Cuarto Poder reveló que la titular del Mincul habría beneficiado a familiares de Abel Sotelo con cargos en el Estado. Es así que Antonio Sotelo Calderón (padre de Abel) fue nombrado el pasado 12 de enero de 2022 en el cargo de epresentante titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati).
Esta designación se dispuso a través de una resolución ministerial que lleva la firma de la entonces titular del MTPE, Betssy Chávez, quien se mantuvo al frente de dicha cartera hasta mayo de 2022.
Luego de ocupar este cargo, Sotelo Calderón pasó a Cofopri Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. «Para su contratación hubo una presión fuerte de parte del jefe de gabinete de aquel entonces, Salatiel Marrufo», dijo el exdirector nacional de dicha institución, Jorge Quevedo,
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Conocida la información, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra la titular del Mincul, Betssy Chávez, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, definió un plazo de 60 días para llevar a cabo la investigación, que alcanza también a Abel Sotelo, y dispuso realizar las diligencias correspondientes.