La nueva Constitución se ha convertido para el gobierno de Pedro Castillo y los seguidores del sentenciado Vladimir Cerrón como la solución a absolutamente todos los males del Perú. Y así se viene promoviendo falsamente. Uno de esos males, la inseguridad ciudadana, es un problema que el 53% de peruanos cree que debe ser la real prioridad del Ejecutivo, según Ipsos.

En una entrevista periodística cuando se le insistió al premier Aníbal Torres de que la Asamblea Constituyente no es prioridad para los ciudadanos, sino, justamente, la inseguridad, el jefe del Gabinete no desaprovechó la oportunidad y –en lugar de mencionar medidas concretas– respondió que precisamente en un nuevo texto constitucional se abordarían acciones para combatirla.

“La Constitución actual considera a las comunidades campesinas, y en los lugares donde hay las rondas campesinas, allí no hay delincuencia. Muy bien. En una nueva Constitución se puede optar por las rondas urbanas, que colaborarían enormemente en el combate a la delincuencia porque nuestra Policía, si bien es cierto está actuando eficientemente, es insuficiente en cuanto a número”, aseveró Torres.

Este planteamiento de tener una suerte de “milicia”, un grupo paralelo a la Policía en las zonas urbanas no es algo nuevo, sino un anhelo que se arrastra desde la campaña, mencionado por Pedro Castillo incluso en su primer mensaje a la nación en julio.

Pero, a buena cuenta, lo que se busca es replicar modelos extranjeros, como las milicias civiles de Cuba, Nicaragua o Venezuela, prácticamente fuerzas de choque al servicio del poder de turno.

Así lo advierten especialistas, quienes consideran que esta definitivamente no es una verdadera solución frente a este flagelo y que, todo lo contrario, podría traer consecuencias mayores.

El exministro del Interior Carlos Morán remarcó que esta propuesta “necesita mayor evaluación y reflexión”, y coincidió en que hacer ello sería abdicar en el rol que tiene el Estado. Recordó que la comunidad organizada ya puede participar en el combate de la inseguridad, a través de juntas vecinales, entre otros, “pero crear una figura así y darle organicidad y ampararlo en un marco legal es riesgoso”.

“Ha habido experiencias donde, amparado bajo una figura legal, se puede armar a ciudadanos. Y aunque no sean letales, pueden causar daños a otros. Y esto, ¿quién lo supervisa? Es bien difícil. Estamos en una convulsión política-social que podría desbocarse si, en vez de fortalecer a las instituciones, apostamos por la creación de otras figuras”, indicó a este diario.

En tanto, el exministro del Interior Remigio Hernani mencionó que ya existe una ley de rondas campesinas, y que ello las circunscribe únicamente a las zonas andinas y rurales.

“En realidad lo que quieren hacer es una guardia de su pretendida revolución, como hay en Venezuela, en Nicaragua, que reprimen al pueblo y asesinan a los ciudadanos que protestan. Quieren una guardia paralela, pero pagada por el Estado”, señaló Hernani, quien subrayó que ello sería un riesgo y que “eso no puede pasar”.

Por su parte, el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, hizo referencia a que ni siquiera actualmente se viene cumpliendo estrictamente lo que refiere la ley de rondas campesinas, pues las mismas “tienen cantidad de juicios por lesiones, en muchos de los casos; y en otros hasta por muerte, porque se han excedido” de sus atribuciones.

“Esto, básicamente, es una copia de lo que tiene en Cuba, en Venezuela. Es preocupante”, subrayó respecto a la propuesta del Gobierno.