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miércoles, mayo 29, 2024
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Formalizaron denuncia constitucional contra Dina Boluarte por informe de la Contraloría

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Ayer se conoció también que sus familiares se beneficiaron con contratos con el Estado

Tras el informe de la Contraloría, la congresista de la bancada Avanza País Norma Yarrow presentó ayer una denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

Yarrow plantea además la destitución e inhabilitación de Boluarte por 10 años para el ejercicio de la función pública por haber infringido la Carta Magna.

El documento fue presentado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres.

Según la Contraloría, Dina Boluarte intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, cuando se desempeñaba como titular del Midis. Ello, según el ente contralor, contraviene el artículo 126 de la Constitución.

“Presento denuncia constitucional contra la Vice Pdta del Perú, por presuntos delitos (Informe de Contraloría). Según los argumentos y medios probatorios, al final del proceso se amerita se le imponga una sanción de destitución e inhabilitación por diez años en todo cargo público”, señaló la legisladora.

TAMBIEN SUS FAMILIARES CONTRATARON CON EL ESTADO

Además de revelar en un informe que Dina Boluarte incurrió en una infracción constitucional, al firmar documentos como titular de la asociación civil Club Departamental Apurímac mientras ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Contraloría evidenció que familiares de la vicepresidenta de la República contrataron con el Estado, pese a existir un impedimento.

El ente contralor indicó en el documento que Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Florentino Pezo Paredes, hermano y cuñado de Boluarte, respectivamente, fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría.

En tal sentido, el organismo liderado por el contralor Nelson Shack recomendó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tomar las acciones que correspondan.

“Dicha situación configura un conflicto de intereses potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas”, señaló la Contraloría.

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