Por haberse aprovechado de las vacunas contra la Covid 19

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional que recomienda acusar, por antejuicio político, al expresidente Martin Vizcarra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal.

El informe, que fue aprobado por 14 votos a favor, también concluye en acusar a las exministras, de Salud, Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

En otro extremo de la denuncia se recomienda archivar los cargos por antejuicio político respecto al expresidente Vizcarra por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo (artículo 411 del Código Penal) y respecto del denunciado Mario López Chávarry, exministro de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión del delito de colusión (artículo 384 del Código Penal).

A ese acuerdo se llegó en la sesión que realizó la subcomisión dirigida por su presidenta Rosio Torres Salinas, respecto de la denuncia que fue interpuesta por los excongresistas Lusmila Pérez Espíritu, Luis Castillo Oliva, Roberto Chavarría Vilcatoma, Absalón Montoya Guivin, Mariano Yupanqui Miñano y Rubén Ramos Zapana.

«Se tiene la certeza que Vizcarra Cornejo obtuvo una ventaja o beneficio al vacunarse ya que el expresidente solicitó vacunarse, así como a su esposa y hermano, sin formar parte del ensayo clínico», dijo la congresista María Taype Coronado (PL) durante la sustentación del informe final.

En tanto, agregó que por el otro extremo de la denuncia no se tiene certeza, puesto que el declarar ante los medios de comunicación «no constituye en un procedimiento administrativo, ni contiene carácter controvertido por lo que no constituye en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo».

CASO WALTER AYALA

Posteriormente, por unanimidad, con 26 votos a favor fue aprobado el informe final de la denuncia constitucional 201 que recomienda acusar al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, por los delitos de coacción y patrocinio ilegal y remitirlo a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las investigaciones del caso en torno a ascensos y pases a retiro de oficiales de la Policía Nacional.

En otro extremo de la misma acusación se recomienda archivar la denuncia constitucional por infracción del artículo 39 de la Constitución Política

«Se imputa al denunciado Walter Ayala que en su calidad de ministro de Estado en el sector defensa habría solicitado al comandante general José Alberto Vizcarra Álvarez ascender irregularmente a dos oficiales coroneles que se encontraban postulando al grado inmediato superior. Además, se le atribuye al denunciado haber patrocinado intereses de particulares”, dijo el congresista delegado para dicha denuncia, José Jerí.

AL ARCHIVO CASOS PPK Y KENJI FUJIMORI

En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara improcedente y el envío al archivo de la denuncia constitucional contra el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski; el excongresista Kenji Fujimori; el exministro de Justicia, Enrique Mendoza, y el exministro de Salud, Fernando D’Alessio.

De igual manera sancionó el informe de calificación que declara improcedente y el envío al archivo de las denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello Valcárcel, José Ávila, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry, por la presunta comisión del delito de omisión de funciones, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

En otro momento, aprobó el informe de inadmisibilidad de la denuncia constitucional contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, por presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, usurpación de función pública, falsedad genérica y usurpación de bien inmueble.

Además, fue aprobado el informe de caducidad de la denuncia constitucional contra el excongresista Juan Pari, expresidente de la Comisión Lava Jato, por presunta infracción a la Constitución, al no poner en conocimiento de los miembros del grupo de investigación información que le llegaba en su condición de titular de la misma.