Señalan que medida de fuerza afectara actividades por aniversario provincial
Mientras la población de la provincia de Espinar se alista a celebrar su 105 aniversario tras dos años de encierro por la emergencia sanitaria del COVID-19, un grupo de dirigentes se ha trazado el propósito de boicotear todo tipo de actividades bajo el argumento que la población rechaza los festejos por la mala gestión del alcalde provincial.
Quien está en contra de la celebración del 105 aniversario de la provincia de Espinar, es el grupo que lidera el seudo dirigente del Frente Único de Defensa de los Interés de Espinar (FUDIE) Sergio Huamaní Hilario, denunciado por usurpar el cargo de la señora Yrma Yauli, quien actualmente tiene la personería jurídica de dicha organización social.
La población por su parte ha expresado su total rechazo al paro del 7 de noviembre, considerando que se inician los actos celebratorios por el 105 aniversario de la provincia según programa con diversas actividades que benefician a la población; sin embargo de darse la medida de fuerza ocasionará un impacto devastador a los sectores hoteleros, de restaurantes, transporte, comercio y turístico que han puestos sus expectativas de reactivar el empleo y la economía en general tras el levantamiento de la pandemia.
El rechazo contra el paro del 7 de noviembre y contra este grupo de dirigentes se incrementó tras descubrir que hacían guerra sucia contra uno de los candidatos al gobierno regional, esto se evidenció en una conferencia de prensa que la semana pasada ofrecieron en Cusco. “No es posible que utilicen al pueblo para sus beneficios particulares y políticos”, enfatizaron las comerciantes del Mercado Central de Espinar.
Cabe destacar que este grupo de dirigentes que encabeza Sergio Huamani utilizó la misma estrategia para que el Movimiento Ayllu ganase las elecciones municipales en la provincia de Espinar. En aquella oportunidad hizo paros y protestas contra en la empresa minera del lugar y contra la gestión de Lolo Arenas. Hoy se repite lo mismo, a puertas de la segunda vuelta electoral implementando una acción de fuerza a cambio del pago de favores del candidato regional que públicamente respaldan.