Cusco no solo es la primera región del Perú en aplicar un sistema integral de lucha contra la corrupción con la designación del responsable de conducir y dirigir la oficina de Integridad Pública–Interventor Preventor sino también, es una de las cuatro regiones en levantar las observaciones emitidas por la Contraloría.
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Regional (CCR) 2022-2023, Igor Elorrieta Agramonte, asesor de gobernatura, destacó su importancia porque, no solamente, por primera vez, desde una región se aporta un modelo para luchar contra la corrupción sino permite articular un adecuado sistema de control.
Destacó que este sistema anticorrupción está conformado por la Oficina de Integridad, agencias de desarrollo regional y las gerencias regionales.
Respecto a las principales funciones del interventor-preventor, mencionó que es responsable de conducir y dirigir la implementación de la política nacional, regional de integridad y lucha contra la corrupción.
Asimismo, tiene la responsabilidad de conducir la identificación, diseño, formulación e implementación del sistema de integridad pública e interventor-preventor a través de estrategias que establezcan claramente las actividades, acciones y plazos que permitan alcanzar los objetivos planteados y otras atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
ISAÍAS BARRETO, NUEVO INTEVENTOR PREVENTOR
En la reunión virtual-presencial de los integrantes del CCR con la participación de alcaldes provinciales, representantes de la sociedad civil, gerentes regionales y la veeduría de la Contraloría General de la República, se eligió al abogado Isaías Cosme Barreto Del Castillo como responsable de la oficina de Integridad Pública-Interventor Preventor.
Al respecto, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, destacó dicha elección bajo mecanismos de probidad y transparencia porque permitirá potenciar la lucha contra la corrupción que facilitará y logrará transparentar los procesos bajo los conceptos de neutralidad e innovación. “Se trata de impulsar un verdadero proceso de lucha contra la corrupción en una lógica de participación ciudadana de coordinación entre niveles de gobierno y sociedad civil”, refirió la autoridad cusqueña.