Un grupo de 18 universidades particulares y públicas de distintas regiones del país de las 140 que funcionan en el país, expresó su rechazo al proyecto de ley, recientemente aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone el cambio en la conformación de los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

A través de un comunicado, consideraron que esta iniciativa «atenta contra la reforma universitaria» iniciada en 2014. «Esta decisión del Congreso debilita el rol de la Sunedu, afecta su independencia, contraviene su imparcialidad y, por la nueva composición que se plantea, pone en riesgo la idoneidad de su Consejo Directivo», advirtieron.

Avisaron que de producirse una segunda votación en el mismo sentido, se consumaría un evidente retroceso en la reforma universitaria en curso. «Gracias a la Sunedu y a su labor regulatoria se ha ordenado el sistema universitario, se han detenido la informalidad, la ilegalidad y el despilfarro de recursos, imperantes mientras existió la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nuestro país no puede abandonar este camino. Nuestros estudiantes deben recibir una formación de calidad», se lee en la misiva.

Además, indicaron que el proyecto aprobado desconoce la opinión de instituciones que han señalado públicamente los peligros de su implementación, entre ellas el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), la representación de la Unesco en Perú y la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu.

PEDIDO DE LAS UNIVERSIDADES

Recordaron que se está haciendo actualmente lo posible para que el Perú sea admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese contexto, advirtieron que, de aprobarse las medidas atentatorias del Congreso en segunda votación, la ley iría contras las recomendaciones de dicha institución internacional con sede en París (Francia) referidas a la imparcialidad de las instituciones encargadas de regular los servicios. «Si queremos avanzar, seamos coherentes en nuestros objetivos nacionales», remarcaron.

«Por todo ello, los rectores y rectoras de universidades públicas y privadas, sin fines de lucro, invocamos al pleno del Congreso a reconsiderar la primera votación y disponer que la Comisión de Educación promueva una reflexión amplía y técnica sobre toda iniciativa legislativa en materia de educación superior», añadieron.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran los rectores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Andina del Cusco, Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica de Trujillo, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Asimismo, los de la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad La Salle Arequipa, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad Privada de Tacna (UPT).

PRESENTARAN ACCION DE AMPARO

Mientras tanto la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria informó que presentará una acción de amparo contra el proyecto de ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, la cual modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, y que fue aprobada en primera votación por el Congreso de la República.

Asimismo, sus representantes detallaron una serie de acciones que podría tomar el Poder  Ejecutivo en caso el Congreso aprobara dicha ley en segunda votación. “Pongamos que el Congreso en segunda votación la apruebe, hay varios caminos que esperamos que pueda suceder. Puede ser que el presidente de la República y/o el Consejo de Ministros observe los proyectos aprobados y esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que el mismo Consejo de Ministros o el presidente pida la opinión de Tribunal Constitucional porque estas propuestas son inconstitucionales”, señaló.

En otro momento, el superintendente Zegarra reiteró que “bajo el engañoso eslogan de restablecer la autonomía universitaria, el Congreso pretende regresar a un viejo orden en el que las universidades tenían licencia para actuar sin tener que darle cuentas a nadie”.