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miércoles, octubre 16, 2024

Ministro de Educación recula en su primera decisión y pide esperar investigación de fiscalía sobre examen de nombramiento

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El ministro de Educación, Carlos Gallardo, pidió esperar la investigación que desarrolla el Ministerio Público y la Procuraduría del Estado sobre la denuncia de una supuesta filtración de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento Docente 2021 desarrollada el último sábado.

A su salida de Palacio de Gobierno, Gallardo señaló que la evaluación se realizó en 700 locales del país y que solo hay denuncias en tres de ellos. «Hay una polvareda en las redes sociales pero no son evidencias, todo está en manos del Ministerio Público y de la Procuraduría. Esperemos, porque esas denuncias siempre hay en todas las evaluaciones; hay gente que desprestigia», señaló.

Gallardo refirió también que a él no le alcanza la responsabilidad funcional debido a que cuando ingresó al ministerio, hace poco más de un mes, encontró el proceso de evaluación avanzado. «Yo ya encontré casi todas las cosas hechas», apuntó.

No obstante, refirió que no tiene ningún temor en asumir una responsabilidad política. «De alguna manera cargo con el activo y pasivo, no tengo ninguna responsabilidad funcional, toda mi responsabilidad sería política».

«No descarto dejar el cargo. Si esta polvareda donde hay intereses de sectores conservadores y obstrucionistas (…), y si mi presencia afecta al Gobierno, doy un paso al costado, en absoluto», añadió.

Finalmente, no descartó acudir al Congreso de la República por esta denuncia. Sin embargo, indicó que un sector del Parlamento quiere sacar uno por uno a los ministros y «no descarto que el próximo pudiera ser yo».

Más temprano, Gallardo había descartado la posibilidad de anular la prueba escrita del concurso de nombramiento docente para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial y exigió una exhaustiva investigación para esclarecer las presuntas irregularidades registradas el último sábado en algunos centros de evaluación.

Afirmó que no se puede detener un proceso de evaluación en el que participaron más de 250 mil docentes, quienes se prepararon consciente y adecuadamente en busca de un nombramiento en el sector público, y consideró que una medida de este tipo sería catastrófica para el sector educativo, que está en emergencia.

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