La comisión investigadora de la aplicación irregular de la vacuna Sinopharm recomendó derivar su informe final a la Fiscalía de la Nación para que evalúe si corresponde interponer, contra la exministra de Salud Pilar Mazzetti, una denuncia constitucional por infracción a la Constitución y/o por la comisión de un delito en el ejercicio de la función.
El informe final presentado por el presidente del grupo investigador, Fernando Carbone, recomienda también que el Ministerio de Salud evalúe el retiro de la confianza a un grupo de funcionarios vinculados con estos hechos, en caso continuaran en sus cargos.
Varios de los funcionarios incluidos en este grupo ya han renunciado a sus cargos: María Ormaeche Macassi, Manuel Espinoza Silva, Gladys Ramírez Prada, Luis Suárez Ognio, Sofía Salas Pumacayo, Mario Tavera Salazar, Aldo Lucchetti Rodríguez, Luis Rodríguez Benavides, Víctor Bocángel Puclla, Víctor Raúl Cuba Oré, Danilo Céspedes Medrano y Lucy Olivares Marcos.
Asimismo, la comisión recomendó derivar sus conclusiones a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Salud para evaluar la situación de los funcionarios incluidos en este informe.
Respecto a los funcionarios y servidores que pertenecen al Instituto Nacional de Salud (INS) y otros órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Salud, que han tenido una participación en los hechos materia de la investigación por la Comisión, la misma recomienda derivar el informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios competente
Respecto a los investigadores Germán Málaga Rodríguez, Hugo García Lescano, Javier Arturo Bustos Palomino (de la Universidad Peruana Cayetano Heredia) y Eduardo Ticona Chávez (de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) “se recomienda derivar el informe a la universidad correspondiente y a los Colegios Profesionales a los que pertenecen”.
La comisión recomendó también derivar el informe y sus conclusiones al Congreso de la República, la Contraloría General, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
OFERTA Y ENTREGA DE LA VACUNA
El informe detalla también hallazgos relacionados con las coordinaciones de oferta y entrega de la vacuna candidata. La comisión investigadora identificó que se habría encargado a Carlos Castillo Solorzano –quien se desempeñaba como asesor de inmunización del Minsa– y a Jorge Jarama Alván –entonces director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería– la labor de asignar la vacuna candidata.
Asimismo, se encontrarían vinculados a este hecho los médicos Hugo García Lescano y Javier Arturo Bustos Palomino, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Eduardo Ticona.
“Estos hechos vulneran lo establecido en el Reglamento de Ensayos Clínicos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA, respecto a las personas que participan en la Ejecución de los Ensayos Clínicos, donde se considera que ‘el sujeto de investigación es el individuo que participa en el ensayo clínico’ y no otros ‘relacionados’, como se ha denominado en la sede de la UPCH”.
Asimismo, se evidencia, por parte del investigador principal German Málaga la no aplicación de los Lineamientos de las Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para la realización de ensayos clínicos.
REVELANDO EL ESCANDALO
El 15 de febrero, tras una serie de denuncias periodísticas, el presidente Francisco Sagasti informó al país que 487 personas –entre ellos servidores públicos–, se aprovecharon de su posición y se vacunaron contra el covid-19 fuera de los ensayos clínicos.
Ese mismo día, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras conocerse que recibió la vacuna contra el covid-19 por fuera de los ensayos.
Previamente, Vizcarra había asegurado que él fue voluntario de los ensayos clínicos en fase 3 del laboratorio Sinopharm en el Perú –a cargo de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos– y que no sabía si había recibido vacuna o placebo. Esa versión fue desmentida. Las primeras indagaciones pusieron en evidencia, también, que Vizcarra se vacunó junto a su esposa y su hermano mayor.
REVELACIONES Y RENUNCIAS
Las revelaciones forzaron las renuncias de altos funcionarios del gobierno que recibieron estas vacunas, como las entonces ministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), además del viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.
Además de funcionarios públicos, en la relación de vacunados por fuera del ensayo clínico figuran también personajes de la actividad privada, junto a varios de sus familiares.
CONCLUSIONES SOBRE USO IRREGULAR
Un total de 470 personas fueron inmunizadas contra el covid-19 por fuera de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna candidata del laboratorio Sinopharm en el Perú, informó el exministro de Salud Fernando Carbone.
De estas 470 personas, 369 pertenecen a los equipos de estudio de los ensayos clínicos a cargo de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, en tanto que las 101 restantes figuran bajo la denominación de «personal relacionado», entre ellas funcionarios del Ministerio de Salud, de la Cancillería y terceros.
El exministro precisó que, además de las dosis de vacunas y placebos que envió Sinopharm para los ensayos con 12,000 voluntarios, llegaron al país 3,200 dosis para proteger al equipo de investigación y a personas relacionadas con el estudio.
Carbone detalló la distribución de este envío y dijo que 1,200 dosis fueron entregadas a la embajada de China en Lima. Además, 803 están actualmente inmovilizadas en el centro de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y otras 58 permanecen en la misma condición en el centro de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Añadió que 235 dosis han sido inoculadas a voluntarios del ensayo clínico que en su momento recibieron placebo: 175 inoculadas en Cayetano Heredia y 60 en San Marcos.
El titular de la comisión investigadora detalló, también, que 706 dosis se aplicaron al personal de los equipos que desarrollan los estudios clínicos y 198 a personas que los responsables de estos equipos consideraron «personal relacionado» e invitados, entre ellas funcionarios de los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores.
POSICION DEL MINISTRO DE SALUD
El informe de la comisión sectorial que investigó la aplicación de la vacuna contra el covid-19 fuera del ensayo clínico es un insumo fundamental para «descubrir la verdad y reafirmar la transparencia», así como para recuperar la confianza de la población, afirmó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien expresó su confianza en que «este es un episodio que terminará siendo superado».
«Este es un episodio que terminará siendo superado con las decisiones, sanciones o las medidas correctivas que correspondan», aseveró el titular del Ministerio de Salud (Minsa) en conferencia de prensa ofrecida junto con el presidente de la comisión investigadora, Fernando Carbone.
Manifestó que el documento será elevado a la Procuraduría del sector «para que pueda hacer también una evaluación para los efectos que pueda determinar, como acciones o demandas que en función de la gravedad y las faltas, la Procuraduría pueda decidir implementar» tras hacer un «profundo agradecimiento» a la comisión investigadora y a los representantes del colegios profesionales.