Proyecto de Ley para impedir que personas con denuncia fiscal sean candidatos ya esta en el Congreso

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que promueve la idoneidad de las y los candidatos a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública. La propuesta legislativa, enviada con carácter de urgente, modifica los artículos 34-A y 39-A de la Constitución. En el primer caso, precisa que están impedidas de postular a los cargos de elección popular aquellas personas sobre las que recaiga una acusación penal de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice por los siguientes delitos:

Feminicidio, homicidio calificado, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, secuestro, contra la libertad sexual y delitos contra la dignidad humana.

De igual forma, genocidio, desaparición forzada, tortura, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios y terrorismo.

En el caso del artículo 39-A, plantea que las personas que tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso no podrán ejercer los cargos de:

Ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, contralor general de la República, defensor del Pueblo, jueces y fiscales supremos, así como cualquier cargo público de confianza.

El Ejecutivo también presentó el proyecto de ley 00678/-2021-PE, que tiene por objeto establecer una agravante para los delitos de corrupción de funcionarios establecidos en el Código Penal, por promesa, ventaja  o beneficio indebido  que constituya conducta sexual o acto de connotación sexual.

Con ello, el juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, cuando la promesa, ventaja o beneficio indebido se circunscriba a una conducta sexual o acto de connotación sexual por cualquier medio, incluyendo el uso de dispositivos o instrumentos tecnológicos de información o comunicación.

También figura el proyecto de ley 00676/2021-PE que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas con el fin de mejorar el marco normativo en torno a la prevención y sanción de los actos de corrupción vinculados a transacciones comerciales internacionales.

De esta manera, se busca fortalecer la investigación del cohecho (corrupción) nacional, transnacional y otros delito, además de promover la mejora del buen gobierno corporativo.

También está el proyecto de ley 00675/2021-PE, que establece prohibiciones e incompatibilidades para los sujetos obligados del sector público y privado, durante su actividad laboral o contractual y al término de esta.

La iniciativa apunta a fortalecer la lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública, a través de la identificación, prevención y mitigación de conflictos de intereses.

Sin embargo, actual gobierno designa funcionarios con prontuario

Destacan proyecto para evitar que ciudadanos con denuncia fiscal postulen a cargos públicos

Los peruanos tienen derecho a que gente con acusaciones serias como corrupción, violencia o terrorismo, no postule a un cargo público, señaló el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, al comentar el proyecto de ley del Ejecutivo que promueve la idoneidad en la función pública.

Según dicho proyecto, están impedidos de postular a los cargos de elección popular quienes tengan una acusación penal de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice por delitos como feminicidio, homicidio calificado, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios y terrorismo.

Albán señaló que si bien la presunción de inocencia es garantía para que nadie sea condenado, esto no puede tomarse como una verdad absoluta frente a medidas preventivas para la sociedad. «La sociedad tiene derecho a que gente con cargos serios como corrupción, violencia o terrorismo, no pueda postular, en tanto estos no se diluciden. Debemos estar protegidos», enfatizó Albán.

A manera de ejemplo, recordó los casos del excongresista Edgar Alarcón, investigado por corrupción y que llegó a presidir la Comisión de Fiscalización, o el legislador José Luna, también investigado, y hoy preside la Comisión de Defensa del Consumidor.

El exdefensor del Pueblo refirió que, al haber sido enviado el proyecto con carácter de urgente, corresponde al Congreso darle trámite prioritario. «Seguramente habrá quiénes se van a resistir a que se apruebe, pero habrá que convocar a los más amplios sectores para que no se dilate», afirmó.

Para Albán, ha habido una degradación sobre la idoneidad en los cargos públicos como parte del problema de la política que se ha ido desdibujando, en paralelo con el avance de la corrupción.

«Lo más importante es recuperar los valores y ética. Me parece bien, frente a esta realidad, que nos ayudemos con normas más precisas que establezcan mejores criterios», enfatizó.

Además, consideró importante avanzar en la carrera pública que, advirtió, no existe y tienta a las autoridades a nombrar a gente que ganó favores por haber apoyado en sus campañas. «Lo que se hizo con Servir parece haber perdido vigencia», dijo.

FUNCIONARIOS CON PRONTUARIO

Es de destacar la norma propuesta por Pedro Castillo, pero así como presenta el proyecto de Ley debería dar el ejemplo y no estar nombrando a personas que tienen antecedentes policiales como era el caso de la renunciante jefa de SUTRAN o del flamante director nacional de Provias  Víctor Valdivia, quien fue nombrado el 27 de octubre por el cuestionado titular del MTC, Juan Silva. El mencionado funcionario presenta denuncias en fiscalía por varios delitos, desde peculado hasta violencia familiar. Incluso fue detenido con orden de captura en el 2014, según una fuente policial en Huancavelica.