“La Ley 31125 es inconstitucional”, sostuvo en forma enérgica el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, en relación a la información publicada ayer por El Diario del Cusco sobre la reciente promulgación de dicha norma que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma. Precisó que la cuestionada Ley atenta contra la descentralización y vulnera la autonomía de los gobiernos regionales.
Con la vigencia de esta norma, el Ministerio de Salud (MINSA) asumiría la conducción administrativa de las direcciones y/o gerencias regionales de salud. “Rechazamos esta pretensión de que los gobiernos regionales devuelvan las competencias al MINSA”, resaltó.
Fundamentó su posición en tres aspectos. Sostuvo que el Ejecutivo central no pudo ni ha logrado ejercer una adecuada política en el control sanitario frente a la presencia de la pandemia.
Asimismo, respecto de las vacunas, el padrón nominal de todas las personas que van a ser inmunizadas durante todas las fases, se hizo sin el seguimiento de los gobiernos regionales y solamente, está a cargo del Ministerio de Salud (MINSA).
MINSA NO AUTORIZO COMPRA DE PLANTAS DE OXIGENO
“Los gobiernos regionales tranquilamente pudieron comprar plantas de oxígeno, pero el Gobierno Nacional, acopió las adquisiciones y, a la fecha, la mayoría de regiones no ha recibido ninguna planta que es imprescindible para la atención de los pacientes con COVID-19”, destacó la autoridad regional.
En el caso de la región cusqueña, el compromiso del Poder Ejecutivo es la transferencia de cuatro plantas de oxígeno medicinal; de los cuales, solo dos llegarían en las siguientes semanas. “Sino tendríamos el convenio con Cachimayo, la región estaría colapsando”, remarcó.
Un tercer aspecto, se refiere a la falta de recursos humanos (especialistas médicos) en los establecimientos hospitalarios y el pago de horas complementarias a los profesionales de primera línea.
Resaltó que mediante decreto de urgencia el Ejecutivo nacional incorporó propuestas sustentadas por el Gobierno Regional y dictó medidas extraordinarias en ‘materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en salud como respuesta ante la emergencia sanitaria’.
De esta manera, médicos, obstetras, enfermeros y técnicos de los centros hospitalarios y centros de salud son beneficiados con el pago de horas extras y el bono de emergencia. “Con todo esto, ahora quieren recentralizar las funciones al MINSA cuando los gobiernos regionales, somos quienes atendemos, con nuestras debilidades, el sector salud por más de 50 años”, enfatizó.
Reiteró que esta ley totalmente inconstitucional, hará retroceder los servicios de salud y sólo generará burocracia en vez de fortalecer la tarea de los gobiernos regionales en materia sanitaria.