Frente a la aprobación del pleno del Congreso de la República del proyecto de ley que propone el retiro de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, la Defensoría del Pueblo sostuvo que dicha ley afecta el derecho fundamental a una pensión de las personas adultas mayores. “Consideramos que, en la actualidad, existe un serio problema referido al gran número de personas que, a pesar de haber contribuido durante largos años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años. Esta situación es claramente injusta”, afirmó.
A través de un comunicado dijo que, si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas.
“El Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales. Dado que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas, el sistema opera con un déficit financiero que requiere de transferencias anuales del Estado”, recordó.
En ese sentido precisó que, en los últimos cinco años, previos al inicio de la pandemia, se han transferido más de 1,800 millones de soles cada año para cumplir con el pago; “lo que refleja que el sistema, tal como está diseñado, resulta inviable”.
“Resulta vital no poner en riesgo el trabajo que impulsa la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, de emprender una reforma integral del Sistema Previsional Peruano, con normas que harían más complicado hallar una solución”, apuntó
Para la Defensoría del Pueblo es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez. Por ello, dijo, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO APROBADO
Por otro lado el Defensor, sostuvo que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú. “Según estas normas, la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez”, enfatizó.
Agregó que la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo.
De igual forma dijo que para la Defensoría del Pueblo el retiro masivo de estos fondos es, además, una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero, que hoy, más que nunca, debe preservarse.
“Más aún encontrándonos en un período de recesión económica debido a la pandemia. La norma, del mismo modo, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocido en los artículos 78 y 79 de la Constitución”, apuntó.
Por último, la Defensoría del Pueblo consideró que, en periodos de crisis como el actual, muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza.
“Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional. La norma aprobada, no obstante sus nobles propósitos, inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional”, remarcó.
“Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”, finalizó.
Economistas cuestionan decisión del Congreso a favor de aportantes a la ONP
Analistas económicos expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) declarará inconstitucional la reciente norma aprobada por el Congreso de la República mediante la cual se autoriza el retiro de fondos del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
El profesor de Centrum Católica, Alejandro Indacochea, expresó su confianza en que el TC declare inconstitucional la norma que permite el retiro de aportes de la ONP, en caso que la iniciativa legislativa sea observada y elevada por el Ejecutivo al Tribunal. “No solamente tenemos una pandemia de coronavirus, sino también tenemos una pandemia de proyectos populistas», anotó.
«Es importante resaltar que no está en discusión apoyar a los pensionistas y jubilados de la ONP. Ellos están en un sistema injusto, en donde si no acumulan 20 años de aporte no reciben nada”, precisó.
Sostuvo que lamentablemente ningún Congreso anterior hizo algo por cambiar esta situación. “Se trata de buscar soluciones, no complicaciones. La medida significará un desembolso de 6,000 millones de dólares, aproximadamente un 2.5% del producto bruto interno (PBI) que irá a manos de unos pocos y dejará sin pensiones a los jubilados”, aseveró el economista.
Por su parte, el economista Jefe del BBVA Research, Hugo Perea, afirmó que medidas populistas, como la devolución de los aportes a la ONP aprobadas por el Congreso de la República, dificultan la labor del Gobierno de conseguir financiamiento adecuado en mercados foráneos para afrontar los efectos de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Según dijo, el Congreso se está tomando atribuciones que, constitucionalmente, no le competen.
“Si insiste en aprobar esta medida por insistencia, es muy probable que el ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, tal como lo hizo en el caso de la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial”, refirió.
Aseveró que esta iniciativa legislativa genera ruido e incertidumbre y más aún en una situación como la que estamos atravesando.
“Debemos recordar que hay un déficit grande qué financiar y medidas inconsistentes como ésta podrían afectar la percepción de las fortalezas macroeconómicas del país, pues pueden elevar los costos de financiamiento para el Gobierno”, comentó.
Refirió que el mismo día en que el dictamen de la norma se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, las tasas de interés de los bonos del Gobierno peruano se elevaron. “No se trató de un tema regional o local. Este incremento sugiere que los inversionistas perciben que la economía peruana podría presentar mayores riesgos”, manifestó.
MEDIDA DEL CONGRESO ES POPULISTA
Por su parte, el economista de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, afirmó que la reciente aprobación de la devolución de los aportes a la ONP resulta populista y puede incrementar el déficit fiscal del país, afectado seriamente por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
“Es muy difícil hacer esas devoluciones porque no hay dinero para ello. En caso de que sea posible, los aportantes recibirán menos de lo previsto porque la operatividad es muy complicada. Para quienes reciban una UIT fija, el Estado tendrá que poner más dinero, lo que incrementará el déficit fiscal”, comentó.
El economista de la Universidad ESAN sostuvo que no hay necesidad de aprobar este tipo de medidas puesto que El Gobierno ha sabido aplicar diversas medidas y subsidios para que la población pueda solventar la coyuntura.
“Por el lado de la oferta tenemos el que es el plan Reactiva que permitió a las empresas cubrir ciertos; mientras que por el lado de la demanda tenemos bonos universales, familiares, rurales, independientes y otros de ese tipo que tienen ese carácter que los congresistas pretenden darle a sus iniciativas”, refirió.
