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viernes, marzo 29, 2024

Primer sentenciado en caso Vía de Evitamiento del Cusco

El Poder Judicial emitió una sentencia de colaboración eficaz contra el abogado José Zaragoza Amiel, implicado por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht por la Vía de Evitamiento en Cusco. En la misma carpeta fiscal se investiga el presunto pago de al menos US$ 1 200 000 dólares a Jorge Acurio, exgobernador a cambio de la concesión de la obra.

El juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz le impuso a José Zaragoza Amiel una condena 4 años de prisión suspendida y el pago S/ 150 mil soles por concepto de reparación civil a solicitud de la Procuraduría del caso Lava Jato. La defensa jurídica del Estado peruano ya le cobró al abogado S/ 50 mil, un tercio del monto de la reparación civil que se acordó que pague. Su colaboración, además, ha permitido que el Estado recupere US$ 2 millones.

En este caso también está implicado, con orden de prisión preventiva desde el 2017, el empresario Jorge Salazar. Es señalado como dueño de la empresa a la que Odebrecht depositó el dinero de los sobornos. Actualmente Salazar se encuentra prófugo y sometido a proceso de extradición por la justicia peruana.

SOBORNOS ADMITIDOS POR ODEBRECHT

El caso de la Vía de Evitamiento Cusco es uno de los cuatro del caso Odebrecht en el que la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios peruanos como parte del acuerdo de colaboración eficaz firmado en el 2019 con la Fiscalía y la Procuraduría. Por esta investigación, además, tanto Jorge Acurio como José Zaragoza fueron detenidos a solicitud el Ministerio Público en mayo del 2017.

La tesis fiscal, que parte de testimonios de exdirectivos de Odebrecht como Jorge Barata y Ricardo Boleira, es que Jorge Acurio pactó el pago de 3 millones de dólares por la concesión de la Vía Evitamiento Cusco.

Según propia admisión como parte de su acuerdo de colaboración, José Zaragoza intervino en la elaboración de un contrato ficticio entre Odebrecht y Wircel, una empresa offshore en la que se hicieron los depósitos. Estos fueron finalmente de US$ 1 200 000, debido a que el gobernador fue revocado y dejó del cargo.

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