Ponen en marcha Política Nacional de Cultura al 2030

La diversidad cultural nos une. El Perú es un país pluricultural y multiétnico que alberga a lo largo de su territorio un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas, emanadas de la creatividad individual y/o colectiva y de la multiplicidad e interacción de los grupos culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestro vasto patrimonio cultural, nuestra diversidad de expresiones artístico-culturales, nuestras industrias culturales, y nuestra heterogeneidad étnica de individuos y colectivos.

Esta diversidad, requiere de políticas culturales, es decir de un conjunto de estrategias y acciones que tengan como objetivo orientar la adecuada gestión de los campos de la cultura para prevenir y resolver los problemas que se sitúan en ella. Las políticas culturales no solo han existido con la aprobación de documentos institucionales, sino que se desprenden de la acción individual o colectiva que las y los agentes culturales públicos y privados realizan constantemente en el territorio. Sin embargo, toda política cultural es una política pública, por lo que es tarea del Estado garantizar que sean sostenibles e integrales a nivel nacional, sobre la base de orientaciones de hacia dónde queremos llegar.

A nivel nacional, hubo diversos esfuerzos para la formulación de políticas culturales. Los más contemporáneos corresponden a la labor realizada desde 1971 por el Instituto Nacional de Cultura (INC). Posteriormente, tras la creación del Ministerio de Cultura en el 2010, que fusionó distintas dependencias,  se formularon los “Lineamientos de Política Cultural 2013-2016”, que orientaron la labor del sector durante los primeros años de creación del Ministerio.

En adelante, se ha tenido inagotables esfuerzos por formular una Política Nacional de Cultura, y durante el transcurrir de los años la urgencia e importancia de contar con un instrumento de tal magnitud, ha sido más notable.  En este marco, el Ministerio de Cultura del Perú presenta la Política Nacional de Cultura, en adelante (PNC) dentro de su competencia para la formulación de políticas nacionales en materia de cultura, asumiendo la rectoría respecto de ellas.

Esta política se articula con el mandato de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, con los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno al 2021, y con las demás Políticas Nacionales, constituyéndose como un instrumento de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno.

NACE DE UN PROCESO PARTICIPATIVO

El proceso de elaboración de la PNC fue participativo e involucró a las distintas unidades orgánicas del Ministerio de Cultura, sus Direcciones Desconcentradas de Cultura, sus organismos públicos adscritos – Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Archivo General de la Nación (AGN) e Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) -, a la Comisión Consultiva de Cultura, y a un conjunto de agentes culturales a nivel nacional que participaron en las actividades programadas desde el 2017 hasta el 2020.

EL CENTRO ES EL CIUDADANO

El centro de la Política Nacional de Cultura es el ciudadano/a, como beneficiarios y agentes en su constante retroalimentación. En ese sentido, esta Política tiene como punto de partida reconocer como un problema público, las limitaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para ejercer plenamente sus derechos culturales. Es decir, sus derechos universales de todo individuo o colectivo para acceder, participar y contribuir en la vida cultural. Por esta razón, la apuesta es por reconocer y consolidar al ciudadano/a como sujeto de derecho cultural, desde su heterogeneidad multiétnica y multicultural.

La PNC propone algunos hitos centrales para entender las limitaciones en el ejercicio de derechos culturales en nuestro país. Nos lleva a discutir necesariamente desigualdades, memorias, capacidades estatales, relaciones de mercado, entre otros., para a partir de esto presentar datos cualitativos y cuantitativos sobre la magnitud del problema. Siendo conscientes de la limitada gestión información en el sector cultura, estos datos nos sirven de base para la formulación de un diagnóstico sectorial, y a su vez permiten identificar una agenda de información y evidencia que necesitamos construir.

La PNC también reconoce los efectos directos e indirectos que los derechos culturales puedan tener sobre las esferas del desarrollo sostenible. Se reconoce su impacto sobre la inclusión social, apostando por la afirmación de políticas interculturales para la reducción de brechas y desigualdades. Reconoce el impacto sobre el ambiente, e insta al desarrollo cultural sostenible con el respeto y difusión de nuestros valores y principios de política ambiental. Reconoce el impacto sobre la economía, por la generación de empleo, productividad y competitividad en el país. Finalmente, reconoce el impacto sobre las formas de gobernanza democrática y de ejercicio de ciudadanía.

Sobre la base de estas orientaciones, la PNC propone objetivos, lineamientos e intervenciones para implementar en un horizonte temporal al 2030. Lo cual no quiere decir por ninguna razón, que se trate de un instrumento cerrado y rígido, sino que, al contrario, es un documento dinámico que, en su desarrollo, será retroalimentado por recomendaciones y ajustes derivados de la incidencia ciudadana, el monitoreo y la evaluación. En este orden de ideas, el horizonte es al 2030 por al menos cuatro razones.

En primer lugar, porque permite trascender gobiernos y trabajar en función de estrategias continuas y sostenibles. La PNC es un documento orientador que permitirá integrar, alinear y dar coherencia a la intervención del Estado en materia de derechos culturales. Su implementación implicará la actualización y alineamiento de los planes estratégicos de las entidades públicas del sector cultura; y en el ámbito territorial, la formulación de instrumentos de política regional y local en el marco de los objetivos aquí propuestos, pero considerando las necesidades y prioridades de cada territorio.

En segundo lugar, porque permite apuntar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad cultural. Es decir, que para lograr los objetivos de la PNC es necesario fortalecer la política institucional del Sector para abordar problemas de alcance organizacional, de gestión o coordinación institucional. Esto implica construir un Ministerio moderno, eficiente y orientado a resultados, que asuma la rectoría de las políticas culturales articulando efectivamente con otros sectores, niveles de gobierno y agentes culturales.

Finalmente, el horizonte al 2030 nos permite alinear nuestras acciones con dos marcos mayores: a nivel nacional, con la Visión del Perú al 205010; y a nivel internacional con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ambos son marcos generales estatales e internacionales que nos orientan sobre los principios y valores del desarrollo sostenible, que como hemos mencionado previamente estamos convencidos que la cultura contribuye a estos transversalmente.

Este documento está organizado en seis secciones. En la primera se presenta la base legal, la metodología, el diagnóstico del problema y el alineamiento con otras políticas. En la segunda sección se esbozan los objetivos prioritarios, indicadores y lineamientos para abordar el problema identificado. En la tercera sección se presentan los servicios a ser entregados en el marco de los lineamientos. En la cuarta sección, se describe el procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación de la política a lo largo de su implementación. En la quinta sección, se presenta un glosario de términos y acrónimos utilizados a lo largo del texto. Finalmente, en la sexta sección se presentan los anexos pertinentes. La PNC es propósito del Estado, con el fin último de tener un impacto en el bienestar de la población como sujetos de derecho cultural y en el desarrollo sostenible de nuestro país. Sin embargo, a su vez involucra y convoca a la sociedad civil, al sector privado y a la sociedad en general a su contribución. Estamos convencidos que esto contribuirá a posicionar a la cultura, a nivel conceptual y procedimental, como un centro fundamental y transversal de nuestro desarrollo y democracia. Para así, construir un país que, en el ejercicio de su ciudadanía, ejerza plenamente y democráticamente sus derechos culturales.