Jorge Quispe paso de la alcaldía a una celda en el penal de Quencoro

Afrontara investigación por delitos que pueden generar sentencia de 18 años

Según el planteamiento del Ministerio Publico, los delitos por los cuales se investiga al alcalde de Canchis Jorge Quispe Ccallo como  cabecilla de la organización criminal Los curacas del Sur, podrían determinar que sea sentenciado a 18 años de cárcel. Cabe precisar que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, dispuso ayer en la madrugada 12 meses de prisión preventiva de libertad para el  cuestionado.

Junto con Quispe Ccallo, fueron internados en prisión José Mollo Jordán subgerente de logística (autor), Daniel Alvis Ochoa, especialista del módulo de información financiera (cómplice) y los empresarios Rheyver Pérez Rado y Delfina Zamata Rodríguez, esta última no habida y para quien se dicto inmediata orden de captura a nivel nacional.

La jueza Lizette Alegría, dispuso la medida coercitiva contra el burgomaestre de Canchis después de una semana de prolongada audiencia sustentada por la fiscal anticorrupción Gloria Soto, sobre los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, colusión agravada y colusión simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Canchis.

Asimismo, ordenó la comparecencia con restricciones a Wilfredo Abarca Quispe (38), investigado por el delito de colusión agravada, quien deberá pagar una caución económica de cinco mil soles en el plazo de 24 horas.

El alcalde de Canchis, Jorge Quispe Ccallo es acusado de al menos siete casos de corrupción, entre ellos el haber solicitado la suma de 100,000 soles y una camioneta nueva al empresario Frank Junior De La Cruz para ser proveedor de alquiler de camionetas de la municipalidad de Canchis.

También es procesado por aparentemente cobrar 20,000 soles de coima a la empresaria Delfina Zamata, para ser beneficiada con el proceso del Vaso de Leche, otros 12,000 soles de los empresarios Rheyver Pérez y Karin Jamanca, en las investigaciones se considera a testigos protegidos.

Entre otros delitos, en el que la organización habría falsificación de documentos, cotizaciones, declaraciones juradas, favoreciendo a empresarios, también está el cobro de cupos a aspirantes a trabajadores de la municipalidad.

Durante las audiencias virtuales, el juzgado consideró los graves y fundados elementos que cometía la organización, además del peligro de fuga y obstaculización a la probable pena de 21 años de cárcel, en caso se comprueben los delitos.